Nuevo varapalo judicial para Jaime Ramos y García-Tizón

El macroproyecto de Arturo García-Tizón –presidente de la Diputación entre 2011 y 2015, y de cuyo gobierno formaban parte Jaime Ramos, Emilio Bravo o José Luis Rivas– para eliminar el camino de acceso a la Ciudad de Vascos, construir un embarcadero en una finca privada que expropió sin el amparo de la Ley, la compra de un barco (409.000 euros) en enero de 2015 para acceder a los restos arqueológicos mediante el pago de una entrada (actualmente el acceso es gratuito) desobedeciendo la sentencia del TSJCLM de noviembre de 2014, la falta de respeto con la parada biológica de la zona ocupada para intentar que los trabajos se terminaran antes de culminar la legislatura, desviación de poder con fines electoralistas (según sentencia del Tribunal Superior de 6 de mayo de 2016) podrían ser susceptibles de varios delitos como ahora lo ha demostrado la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Toledo. El titular del mismo ha estimado el recurso de la familia a la que se le expropiaron 7,5 hectáreas, al que ya dictó el TSJCM en sentencia firme de 6 de mayo de 2016 considerando todo el proyecto NULO.

Existen, pues –a estas alturas– tres sentencias (de 20 de noviembre de 2014, de 6 de mayo de 2016 y de 4 de septiembre de 2017) por las que se demuestra que García-Tizón y Ramos desatendieron el mandamiento de la Justicia, algo que como mínimo sorprende en alguien que ha ejercido su profesión de abogado del Estado y diputado nacional en el Congreso de los Diputados, nada menos que al frente de la Comisión de Economía, el primero, y alcalde de Talavera, el segundo.

Esa sentencia decía, en palabras del actual presidente de la Diputación Alvaro Gutiérrez que la urgencia del proyecto “es una falacia con fines electoralistas y que la única urgencia del proyecto eran las elecciones de 2015”. Gutiérrez se pronunció sobre el particular en su momento asegurando que el auto judicial “habla de la posible comisión de un delito de desviación de poder con fines electoralistas” calificándolo de un “caso de extrema gravedad” anunciando causas penales para depurar responsabilidades.

Como ‘punta del iceberg’ calificó esa sentencia Gutiérrez hace más de un año y es que hay que tener en cuenta que la anulación de la expropiación provoca que todo lo invertido allí, por valor de casi tres millones de euros –según el PP– y casi seis, según el PSOE, debe ser restituído con todo lo que implica y han valorado los tribunales de Justicia.

Cospedal apoyó el proyecto ‘fiándose’ de García-Tizón
El Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha acordaba el 24 de abril de 2014 la urgente ocupación de unos bienes afectados para ejecutar la obra ‘Ciudad de Vascos’. Un mes después, la propietaria expropiada interpuso recurso que se resolvió en noviembre a su favor. Pues bien, el 15 de septiembre de 2014, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín, y el presidente de la Diputación Provincial de Toledo, Arturo García-Tizón, suscribían un protocolo para la puesta en valor y musealización del yacimiento arqueológico. Todo a pesar de estar judicializado y, como ahora se demuestra, no contar con todas las garantías necesarias.

En 2014 el TSJ suspendió el proyecto y en enero de 2015 compran el catamarán
Con fecha 20 de noviembre de 2014, la Sala de Lo Contencioso Administativo Sección 2ª del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha acordó suspender la decisión de la JCCM (entonces presidida por Cospedal) por la que se declaraba la ocupación urgente de la parcela propiedad de Mª Angeles Sarrasqueta Jaso y que daría lugar la ejecución de la obra denominada ‘Ciudad de Vascos’ de la Diputación. Aún así, el contrato entre la institución y Astilleros Gondán para la construcción del barco se formalizó el 17/02/2015. Está amarrado en el puerto de Ribadeo (Lugo) desde el 30/05/2015.


'Exprópiese'
La familia propietaria de los terrenos donde –por orden de Tizón y su gobierno– se construyó un embarcadero y se planteaban cafeterías, zonas de recreo y otras instalaciones por valor de 2,5 millones de euros habló por primera vez con este periódico en 2016 para desmentir al presidente del PP y recurrió a los Juzgados para que se les restituyera su patrimonio, como ahora se ha demostrado, que se les arrebató al grito de ‘exprópiese’. Hasta tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de CLM avalan su razón y ahora una más del Juzgado Nº 3 de Toledo. Ellos declararon a La Voz del Tajo que nunca optaron por ‘regalar’ esas 7,5 hectáreas sino que intentaron, ante la insistencia, negociar un alquiler de 8.000 euros/año que, tras varias conversaciones, resultó infructuoso porque el secretario de Diputación, José Garzón, por orden de Tizón, ofreció 3.000 euros/año por esos 75.000 metros cuadrados por un periodo de 30 años, es decir, 4 céntimos de euro por metro2 al año mientras que la familia accedía a 10 céntimos de euro por metro2.