La Empresa pública de Gestión De Infraestructuras de Castilla-La Mancha (
GICAMAN) ha logrado reducir de 70 a 32 millones de euros las indemnizaciones que tendría que pagar a empresas con las que la Junta había rescindido "de forma unilateral" los contratos vigentes en la anterior legislatura, una situación por la que podría haber "un número elevado de procedimientos con una alta probabilidad de sentencias desfavorables".
Con la negociación que han llevado a cabo los actuales gestores de GICAMAN se ha logrado reducir en 38 millones de euros la cantidad que tendría que pagar la Junta por la paralización o rescisión de estos contratos con diversas empresas con las que se había acordado la creación de infraestructuras -principalmente viviendas- en Castilla-La Mancha, según ha explicado el director general de Planificación Territorial y Sostenibilidad, Javier Barrado, en una rueda de prensa previa a la Comisión de Fomento en la que ha dado cuenta de la situación financiera de la empresa y de la gestión que ha realizado hasta el momento en esta legislatura.
"La situación actual de Gicaman y la actividad realizada en estos dos años y medio se resume en una palabra: recuperación. Nos encontramos con una empresa que tenía una previsión de cierre en 2015" y "ante esta situación el nuevo equipo directivo ha saldado las cuentas y ha recuperado y posicionado a esta útil herramienta", ha apuntado Barrado, que también es presidente del Consejo de Administración de Gicaman.
En este sentido, ha afirmado que desde julio de 2015, Gicaman ha entregado 278 viviendas, ha recuperado promociones -actualmente cuenta con 95 promociones y un parque público que incluye 2.257 viviendas- y ha rehabilitado viviendas que "ya estaban listas para su adjudicación en el año 2011 y que incomprensiblemente se paralizaron durante cuatro años", una situación por la que han tenido que reactivar de nuevo procedimientos en diversas promociones, como las
27 viviendas de Los Turieles en Talavera de la Reina (Toledo).
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