La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha iniciado el procedimiento de resolución del contrato suscrito con la adjudicataria del servicio de vigilancia y seguridad en los edificios de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Servicio de Salud de Castilla-La Manchaen las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara, tras constatar que la adjudicataria no ha aplicado a los trabajadores el convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad.
En una resolución dictada este viernes por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, se notifica a la adjudicataria, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Sinergias de Vigilancia y Seguridad, S.A. y Cyrasa Seguridad S.L., el inicio del procedimiento de resolución del contrato, al haber aplicado su propio convenio de empresa a los trabajadores, “lo que les ocasiona una notable merma de sus retribuciones”.
Con esta resolución, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas cumple el compromiso adquirido con los trabajadores, que manifestó públicamente y en sede parlamentaria Ruiz Molina, de iniciar de forma inmediata el expediente de resolución del contrato una vez que se hubiera constatado que la adjudicataria no aplicaba el convenio colectivo estatal, según ha informado la Junta en nota de prensa.
Así lo ha podido comprobar la Consejería tras concluir el primer mes de ejecución del contrato y haberse producido una importante disminución de las retribuciones de los trabajadores, concretamente de 300 euros, respecto a lo establecido en el convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad, que era el aplicable a los trabajadores adscritos al contra
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