Los trabajadores de seguridad y vigilancia en los edificios de la Junta de Comunidades en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara --hasta 133-- van a seguir concentrándose tanto en las Cortes regionales como el Palacio de Fuensalida todos los jueves y no descartan llevar a cabo encierros si el Gobierno regional no "echa para atrás" el concurso que ha adjudicado el servicio a una empresa "pirata", que no les va a aplicar el convenio estatal "quitándoles todos los derechos".
Así lo ha indicado Juan Caro, integrante del Comité de Empresa de estos trabajadores, que ha ofrecido una rueda de prensa en las Cortes de Castilla-La Mancha, dentro de las llamadas 'ruedas ciudadanas' de Podemos, acompañado del secretario regional de esta formación, José García Molina.
El representante de los trabajadores ha advertido de que en base a este nuevo contrato, que tiene una duración mínima de dos años y entrará en vigor a partir del 1 de mayo, los trabajadores van a dejar de ser mileuristas para cobrar 690 euros, "por debajo del Salario Mínimo Interprofesional".
Todo ello porque la empresa --Sinergia-- "va a tener unos beneficios de 1,6 millones de euros y el Gobierno regional un ahorro de 350.000 euros, a costa de que cada uno de los 133 trabajadores dejen de percibir al año 6.000 euros".
Dicho esto, Caro ha criticado que el Gobierno regional, y en concreto el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, les haya "dado largas y les haya engañado", pues se comprometió a obligar a la adjudicataria, que les va a aplicar su propio convenio y no el estatal, a poner en vigor las cláusulas sociales aprobadas de forma reciente.
"Pero por amenazas de la empresa se han echado para atrás y nos han dejado en la nada. El consejero ha dicho que antes era su familia que la de 130 familias porque le iban a acusar de prevaricación", ha condenado Caro, que ha agregado que la empresa podría haber amenazado al Gobierno regional con denunciarle por prevaricación, pues han ganado legalmente el concurso de adjudicación.
"Estas empresas al ir fuera de convenio ofertan muy barato, van al límite, casi a la baja temeraria", ha lamentado Caro, que ha agregado que dadas las prácticas que lleva a cabo, Sinergia ha sido expulsada de la Comunidad de Madrid.
COMPROMISO DE LA JUNTA
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha advertido de que "en el primer minuto" en que consideren que la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia y de seguridad de los edificios de la administración regional en Toledo, Cuenca y Ciudad Real "no cumple con el convenio sectorial" y los trabajadores ven "merma en sus condiciones laborales", instarán a la resolución del contrato.
"Lo que afirmo con toda rotundidad es que desde el primer momento que constatemos que los trabajadores tienen alguna merma en sus retribuciones o condiciones laborales, instaremos a la resolución del contrato, porque éste se sacó a licitación por el importe para que a los trabajadores les fuera abonadas las retribuciones del convenio sectorial y no el de empresa", ha destacado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.
Así ha respondido el titular de Hacienda a preguntas de los medios en una rueda de prensa este jueves, día en el que estos trabajadores se han movilizado para "defender sus puestos de trabajo y sus condiciones laborales" frente al Palacio de Fuensalida y las Cortes regionales, donde han criticado que esta Consejería "haya incumplido su compromiso" y los ha puesto "a los pies de los caballos".
Asimismo, los trabajadores denuncian que la Junta ha entregado la contrata a una empresa con un convenio colectivo propio "muy por debajo del estatal del sector, sin incluir en el contrato la cláusula acordada para garantizar que la empresa, Sinergias Seguridad, mantiene los empleos, salarios y jornadas vigentes hasta ahora".
En este sentido, el titular de Hacienda ha afirmado que la Junta ha actuado "acorde a la legalidad vigente en materia de contratación, pensando que la empresa adjudicataria va a aplicar el convenio sectorial de seguridad", y ha añadido que "parece ser que la empresa, si quisiera aplicar el convenio de empresa que tiene aprobado, y que está recurrido en los tribunales, no lo puede aprobar".
"El que exista la posibilidad de que las empresas apliquen su convenio de empresa y no el convenio sectorial es consecuencia de la reforma laboral que aprobó el PP. En este caso han sido varias administraciones las que han adjudicado a la misma empresa subcontratas de seguridad como en el Ayuntamiento de Madrid o en el de Barcelona", ha manifestado el consejero.
Si (
No(
