La redotación del Tajo "no es la solución" y sí las desaladoras

La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, se ha pronunciado hoy a preguntas de los medios de comunicación tras distintas informaciones difundidas ayer en relación a las necesidades de agua de la cuenca del Segura.

De la Cruz considera que dichas informaciones tienen una vertiente positiva y otra negativa. Por un lado, ha celebrado la petición del partido mayoritario en el Gobierno murciano en aras a exigir al Gobierno de España que incremente el rendimiento de los sistemas de desalación de agua marina para que puedan operar al cien por cien, cosa que no sucede en la actualidad. “Al fin están reconociendo que no hay agua en el Tajo”, ha afirmado.

Aunque el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea murciana contemple estas reservas excedentarias como una fracción de otras peticiones de medidas en materia de agua, Elena de la Cruz entiende que el trabajo del Gobierno de Emiliano García-Page está dando sus frutos, ya que la desalación empieza a ser vista positivamente en otros estamentos tanto nacionales como autonómicos como un recurso factible, económicamente competitivo y ambientalmente más sostenible que el trasvase.

La consejera siempre ha mantenido que el agua desalada podría introducir en el sistema un volumen importante y suficiente para aliviar la sobreexplotación de los recursos del Tajo a través del acueducto al Segura, por lo que ha celebrado que se perciba desde otros ámbitos, en referencia a la postura que siempre ha mantenido el Ejecutivo castellano-manchego. En Murcia cifran en 100 los hectómetros cúbicos anuales que un sistema de desalación puesto a pleno rendimiento podría incorporar a las necesidades de la cuenca del Segura, cantidad que oscila entre un tercio y la mitad de los recursos que cada año viajan desde Entrepeñas y Buendía al Sureste español.

PREOCUPACIÓN
Sin embargo, De la Cruz también ha mostrado su preocupación ante otras resoluciones aprobadas ayer jueves en la Asamblea regional de Murcia relativas a una ‘redotación’ de recursos al Tajo mediante la utilización de otros esquemas como un banco que regule intercambios de derechos entre regantes o la construcción de nuevos acueductos entre el Duero, el Tajo Medio y los pantanos de cabecera, así como otras propuestas que según las informaciones publicadas estaría diseñando el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS).

Elena de la Cruz ha vuelto a reiterar que cualquier propuesta de futuro debe pasar por reducir la sobreexplotación que hoy mismo soporta el Tajo a consecuencia del trasvase. La consejera ha expresado además sus dudas en relación a que dichos proyectos no obtengan contestación social en otros territorios, como las comunidades autónomas de Castilla y León y Extremadura, que se verían presuntamente afectadas con las ideas que propone la patronal del riego murciana.

Esos gobiernos autonómicos “tendrán mucho que decir y que opinar”, ha aseverado, y ha recordado que el SCRATS es “un lobby” con unos intereses concretos en relación al agua. “Espero que el Gobierno de España tenga la sensatez de respetar a todos los territorios” en lugar de “satisfacer únicamente las necesidades del SCRATS”, ha afirmado sobre esta propuesta, indicando que “siguen concibiendo el Tajo como un almacén”, por lo que ha reclamado que este debate se acometa desde el ámbito de las instituciones públicas, no desde un organismo que no es neutral.

En relación a la posible creación de un ‘Banco del agua’, la consejera ha reclamado políticas de Estado pilotadas por los poderes públicos y no por usuarios particulares, afirmando que “si la idea es para especular con el agua, nuestra valoración es absolutamente negativa” y reclamando una vez más un reparto “justo y equilibrado entre los distintos territorios”.

Preguntada por el hecho de que la pretensión sea sumar nuevos caudales al Segura desde el Tajo en lugar de sustituir fuentes de provisión, De la Cruz ha recordado que la planificación actual del Gobierno considera que el Segura tiene un déficit de 400 hectómetros anuales que dicha planificación tiene que satisfacer. “Hay que repartir el agua, no llevarla toda al mismo sitio”, ha afirmado, reclamando también el derecho de los agricultores de la región a disponer de mayores caudales para sus cultivos.