La Junta concederá este año unas 6.400 ayudas al alquiler de viviendas

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a conceder alrededor de 6.400 ayudas al arrendamiento de viviendas este año 2017 de las 11.000 solicitudes presentadas a la convocatoria que se cerró el pasado 28 de febrero y que, como máximo, cubren el alquiler de 12 meses por un importe que puede alcanzar hasta los 200 euros.

Así lo ha puesto de manifiesto el director general de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo, durante la Comisión de Fomento que ha tenido lugar este miércoles en las Cortes, en la que ha dado cuenta de las ayudas en materia de vivienda concedidas por la Junta y de las peticiones que han realizado al Ministerio de Fomento para que sean incluidas en el futuro Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Asimismo, Carrillo ha señalado aunque el presupuesto para las ayudas al arrendamiento de viviendas, que contemplan un alquiler máximo de 500 euros --600 para las familias numerosas-- ha sido de 4,4 millones de euros, se podrá ampliar hasta los 9,35 millones una vez el Ministerio de Fomento "se suscriba a la adenda de prórroga del convenio" para este año 2017 del Plan de Vivienda 2013-2016.

Esta adenda serviría también, ha manifestado Carrillo, para beneficiar la rehabilitación de 12.000 viviendas en la región y seguir desarrollando proyectos en las Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbana (ARRU) a la que sumen los ayuntamientos interesados en estas subvenciones, entre otras actuaciones.

En este sentido, Carrillo también ha señalado que la Junta ha dedicado 11,2 millones de euros a ayudas para rehabilitar viviendas en 2016, dedicadas a paliar problemas de accesibilidad a personas con movilidad reducida o a realizar obras de mejora de la eficiencia energética, y espera alcanzar los 18 millones en este ejercicio.

CRÍTICAS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
La cuestión económica de estas actuaciones en materia de vivienda ha sido criticada por la diputada regional del PP María Roldán, que ha mostrado su preocupación por la ejecución presupuestaria de la Consejería de Fomento en el reparto de estas subvenciones.

Así, ha afirmado que de "los 15 millones de euros comprometidos a la Empresa Pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman) solo se han pagado 5" y que de los "20 millones comprometidos a los consorcios de Cuenca y Toledo, solo se han ejecutado 3 en 2016".

Roldan ha cuestionado también la nueva labor encomendada a las Oficinas de Intermediación Hipotecaria de la región sobre su papel de mediación con los usuarios afectados por las clausulas suelo con entidades bancarias ya que, a su juicio, en ellas podrían trabajar "los funcionarios que ya hay en Consejería de Fomento y haber ahorrado así 400.000 euros para poder dedicarlos a otros sectores".

Respecto a esta cuestión, Carrillo ha explicado que los ciudadanos que no lleguen a un acuerdo satisfactorio con las entidades financieras por los importes cobrados de las claúsulas suelo, serán remitidos desde las oficinas a registradores de la propiedad o notarios, quienes "tienen incluido en su trabajo esta función desde 2015", para que estos intenten llegar a un acuerdo con los bancos.

PETICIONES AL NUEVO PLAN DE VIVIENDA
Por otra parte, Carrillo ha enumerado las peticiones que han realizado al Ministerio de Fomento para que sean incluidas en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Así, han solicitado que se eleve del 3 al 5 por ciento la aportación estatal a Castilla-La Mancha dentro de este plan, recogiendo "su realidad demográfica y territorial", o que exista una "mayor flexibilidad en la gestión de las ayudas para que cada territorio pueda adecuarlas a su realidad, así como un plus de subvenciones a zonas que están perdiendo población" con la intención de luchas contra el despoblamiento.

Asimismo, han pedido que el Estado estudie la recuperación de la subsidiación a préstamos hipotecarios de viviendas protegidas que se eliminó de la normativa nacional entre 2012 y 2013, así como una definición "jurídicamente clara" del concepto 'vivienda vacía' para facilitar a los ayuntamientos la adopción de medidas impositivas de penalización, o la reducción del IVA aplicado a las obras de rehabilitación edificatoria, pasando del 10 por ciento actual al supereducido del 4 por ciento.

Según ha indicado el director general, el Ministerio de Fomento no ha respondido todavía a éstas y otras demandas que fueron planteadas durante la reunión de la Sectorial de Vivienda a nivel nacional.