El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abonado un total de 10,7 millones de euros de la deuda acumulada con el Consorcio de Transportes madrileño y está previsto que termine de amortizar el total histórico pendiente durante el próximo mes de mayo, que el Ejecutivo castellano-manchego anterior dejó sin abonar y que ascendía en 2016 a más 13 millones de euros, después de que en 2014 y 2015 no se firmase un nuevo convenio ni se renovasen los términos del anterior.
El director general de Carreteras y Transportes de la Consejería de Fomento, David Merino, ha asistido esta semana a la reunión de seguimiento que mantiene Castilla-La Mancha con el Consorcio madrileño para evaluar el funcionamiento del acuerdo que mantienen ambas comunidades, ha informado la Junta en nota de prensa.
Éste permite a cerca de medio millón de habitantes de la región, fundamentalmente de las provincias de Toledo y Guadalajara, gozar de tarifas especiales en la adquisición de los abonos E1 y E2, incluida la tarifa plana de 20 euros mensuales para menores de 26 años, tras el convenio suscrito por Emiliano García-Page con su homóloga madrileña, Cristina Cifuentes, en octubre de 2015. Esta modalidad de precio súper reducido continúa hoy en vigor.
Con un coste para Castilla-La Mancha de alrededor de cuatro millones de euros anuales, este convenio con Madrid supone importantes descuentos para los viajeros habituales del transporte público a la comunidad vecina.
El director general ha presentado ante el Consorcio madrileño el cumplimiento de las obligaciones económicas de este acuerdo, que regularizó la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, mediante la aprobación de un calendario de pagos acordado el año pasado para poner fin a la morosidad que se produjo durante la legislatura pasada. En junio de 2015 llegó a acumular impagos equivalentes a un 150 por ciento del presupuesto ordinario anual de la Consejería, en el capítulo de Transportes.
Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron la propuesta del Ejecutivo autonómico el pasado mes de junio, un acuerdo por el que Castilla-La Mancha se agregaba formalmente de nuevo al sistema madrileño, que establece una franja limítrofe con Madrid en dos círculos concéntricos denominados E1 y E2, de 59 y 85 kilómetros desde la capital de España respectivamente, y que engloban parcialmente a las provincias de Toledo, Guadalajara y Cuenca con un potencial de utilización para un 25 por ciento de la población regional.
Los ciudadanos que quedan comprendidos en estos límites geográficos pueden obtener el abono para sus desplazamientos con Madrid y utilizar allí todas las modalidades de servicios concertados por el Consorcio de Transportes madrileño: metro, autobuses de la EMT, cercanías de Renfe, metros ligeros, tranvía (Parla) y líneas de autobuses urbanos e interurbanos.
El convenio suscrito por el actual Gobierno regional tenía efectos retroactivos desde 2014 y se extiende hasta el 31 de diciembre de 2019, aunque ya en el último semestre de 2015 se liberó un primer pago de 2,4 millones de euros con Madrid dentro del proceso de regularización de pagos que está cumpliendo rigurosamente el Gobierno castellano-manchego.
El convenio había sido renovado por última vez en julio de 2013, aunque las anualidades se fueron acumulando hasta alcanzar una cantidad total de 13,1 millones de euros. Durante toda la legislatura precedente no se celebró ninguna comisión de seguimiento con la comunidad vecina a propósito de este convenio.
Durante la reunión de David Merino con el gerente del Consorcio madrileño, Alfonso Sánchez, se ha alcanzado además un acuerdo en relación a la cantidad que deberá satisfacer Castilla-La Mancha en el marco de este convenio para el ejercicio 2015, y que se elevará a 2,9 millones de euros.
EXIGIR UN CERCANÍAS DE CALIDAD
Por otra parte, el director general ha planteado en el seno de la Comisión la necesidad de que los responsables del Consorcio madrileño se impliquen en exigir ante Cercanías Renfe que los servicios que presta en la actualidad en la línea C2 recuperen unos estándares de calidad que, según los ayuntamientos y usuarios de algunos municipios del tramo guadalajareño de la línea, están perdiendo en los últimos meses.
El regidor de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco, hizo llegar un escrito a la Consejería recabando múltiples quejas de los viajeros, como falta de puntualidad, sospechas de reducción de expediciones sin aviso previo, suciedad en los trenes, irregularidades en la climatización de los vagones, falta de mantenimiento en las estaciones y un largo etcétera de quejas que definen un alto grado de deterioro en múltiples aspectos del servicio.
La consejera de Fomento advertía esta semana en Guadalajara que el Gobierno regional va a ser insistente en este asunto, ligándolo al alto coste que representa para el Gobierno regional la financiación del déficit causado por los abonos en el convenio con la comunidad madrileña. De la Cruz considera que el esfuerzo económico que está haciendo el Ejecutivo que preside Emiliano García-Page en la regularización de pagos atrasados merece una respuesta adecuada en todas las modalidades que integran los servicios de transporte que pueden utilizar los ciudadanos de la región mediante estos abonos.
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