La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, ha desgranado sus principales retos de cara a 2017 con 668 millones de presupuestos, con unos ejes que pasan por aumentar las prestaciones de Dependencia, la apertura de centros residenciales como en Lezuza, El Ballestero o Vianos, o la apertura del Centro Atención de Discapacitados Graves de Talavera de la Reina.
La apertura del CADIG de Talavera va a permitir dar respuesta a esas necesidades, con una distribución de seis módulos de ocho plazas, y un total de 48 plazas para residentes y otras 10 de Centro de Día.
Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa antes de presentar sus planes ante la Comisión de Economía y Presupuestos del Parlamento regional, donde ha insistido en que los grandes objetivos de su departamento pasan por "mejorar la vida de las personas, de las familias desfavorecidas, generar más riqueza y empleo a través de los servicios sociales y mantener un presupuesto sostenible".
Con una disponibilidad presupuestaria que crece un 4,09 por ciento con respecto al año pasado, ha destacado que se desempeñarán 1,8 millones de euros diarios a este gasto.
SEIS GRANDES LÍNEAS
Ha detallado los seis principales ejes de su trabajo, empezando por "la consolidación del sistema de Dependencia" con 413 millones de euros, 266 de los cuales van para mayores y 27 a ayudas a domicilio, que permitirán 120.000 horas más de prestación de este servicio.
La atención a la discapacidad se llevará 104 millones de euros para poner en servicio más servicios de atención temprana a parte del centro talaverano, que fue una apuesta de legislatura de Emiliano García-Page. Este presupuesto también pasa por consolidar el programa de termalismo de la Junta, lo que conllevará "mantener 200 puestos de trabajo".
El Plan de Garantías propuesto por Podemos y asumido por el Gobierno regional, tasado en cerca de 120 millones a financiar transversalmente por todas las consejerías, recibirá de Bienestar Social 26,2 millones que irán orientados a atender el acceso de personas en exclusión social a prestaciones educativas, al pago de ayudas para financiar la factura de la luz --que ha atendido a 23.000 personas en 2016-- o a las rentas garantizadas.
Hasta 10,49 millones se destinarán a atender el Ingreso Mínimo de Solidaridad, lo que supone un 26,6 por ciento más; lo que supone según sus cálculos un incremento de más del 36 por ciento desde que García-Page es presidente.
Habrá 807.000 euros más para protección infantil a partir de medidas como favorecer el desarrollo de la autonomía personal para menores tutelados que pasan a la vida adulta o una campaña para contar con más familias de acogida en la región.
Por último, se iniciará el Plan Cuida, un plan de apoyo a las familias con dificultad, "con una dotación que permitirá aulas de desarrollo familiar".
PRESUPUESTO EJECUTADO AL 79 POR CIENTO
Los datos de ejecución presupuestaria ofrecidos por la consejera cifran el estado en 78,96 por ciento del total de gasto al cierre del tercer trimestre, 3,13 puntos más que en 2015 por las mismas fechas.
En cuanto al presupuesto de ingresos, se habían recaudado 82,9 millones, un 48 por ciento de lo reconocido, debido entre otras cosas a que "las transferencias corrientes del Ministerio han sido bajas, solo un 14,92 por ciento de lo debido".
Esto es, sobre todo, "porque a mes de septiembre no se había recaudad nada de los más de seis millones presupuestados para pobreza infantil, y solo el 39 por ciento de los casi cien millones previstos en transferencia de Dependencia".