Este lunes, 2 de enero, entrará en vigor el Plan de Inspección de Centros y Servicios Sociales para 2017 que, aprobado por la Consejería de Bienestar Social, contempla, entre otras acciones, actuaciones de detección de centros y servicios que desarrollan actividades relacionadas con la atención social a la población, sin disponer de las preceptivas autorizaciones para ello.
Así consta en la Orden de dicha Consejería que publicaba esta semana el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press, en la que se explica que este plan surge ante la complejidad y la diversidad de centros dedicados a la prestación de servicios sociales y la distinta incidencia que se puede derivar para la garantía de la calidad y la seguridad de cada uno de ellos.
Esa diversidad y complejidad hacen necesario establecer prioridades para la labor de supervisión, así como planificar esta labor en base a programas, de manera que se puedan enfocar los esfuerzos a puntos críticos y áreas de riesgo relevantes.
El Plan de Inspección de Centros y Servicios Sociales tiene por objeto velar por la calidad y la seguridad de la atención que se presta a los ciudadanos en los centros y servicios sociales de Castilla-La Mancha, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente en lo que a competencia, equipamiento, personal y funcionamiento de los mismos se refiere, así como por la observancia de las condiciones de financiación pública establecidas con la Consejería de Bienestar Social.
Para ello, se va a reforzar la actuación inspectora en el ámbito regional mediante la creación, actualización y revisión de procedimientos normalizados de trabajo y de protocolos comunes que sirvan de herramienta para facilitar las inspecciones a los distintos tipos de centros y servicios sociales, especialmente si no existe normativa específica para los mismos.
De igual modo, se acometerán programas de inspección de los centros y servicios sociales con el fin de velar por la seguridad y por la calidad de la asistencia que se presta a los usuarios de los centros y servicios sociales de Castilla-La Mancha, verificando el cumplimiento de requisitos y condiciones establecidos en la normativa vigente.
Estas acciones afectarán a residencias de mayores, a centros y servicios sociales destinados a las personas mayores, a los que atienden a personas con discapacidad y a menores. Se inspeccionará también la acción tutelar sobre personas adultas incapacitadas judicialmente llevado a cabo por las Fundaciones Tutelares.
Este plan contempla, igualmente, un programa de inspección de centros inscritos en el Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales que carecen de normativa específica para la autorización de los mismos, al objeto de supervisar la atención social que se presta a los ciudadanos en estos centros sociales y de comprobar si cumplen con las normas en materia de seguridad y las coberturas exigidas en el seguro de responsabilidad civil.
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