Artículo de opinión de Ana Navarrete, responsable de la Secretaría de Movimientos Sociales y Relación con la Sociedad Civil de Podemos Castilla- La Mancha.
Desde finales del 2015 Enriqueta Horcajuelo, su esposo, hijos y nietos están solicitando permiso al Ayuntamiento de Talavera de la Reina para exhumar los restos de Enrique Horcajuelo (natural de San Bartolomé de las Abiertas). “Nuestro abuelo, nuestro padre… solo queremos dignificar su nombre, exhumar sus restos, que están muy localizados, y darle un entierro digno, como es de justicia.”
El delito de Enrique fue ser sindicalista y defender los derechos de los trabajadores. Tras el alzamiento de Franco, en julio de 1936, Enrique, en compañía de otros campesinos, sindicalistas y con el propio alcalde socialista del pueblo, creó un Comité de Defensa del Pueblo, lo que le costaría después de la guerra su fusilamiento a los 28 años de edad. A este drama hay que sumar el repudio, la persecución y el encarcelamiento de muchos familiares, incluidos su padre y sus primos en la cárcel de la Seda de Talavera, cárcel de la que Enrique solo salió, en 1942, para ser fusilado.
La geografía española esta plagada de fosas y se contabilizan, según fuentes fidedignas más de 113.000 civiles republicanos desaparecidos: cuerpos arrojados ante las tapias de los cementerios o en cunetas, campos y bosques, parajes que esconden la tragedia de buena parte del pueblo español. No sólo los y las asesinadas, torturadas, represaliadas y desaparecidas forzosamente sufrieron toda estas barbaries por defender la legitima Segunda República y sus principios, sino que aún hoy, más de 75 años después del fin de la guerra civil, siguen sufriendo el desprecio, el abandono y la indiferencia de unos políticos y una sociedad que ha olvidado quienes fueron los defensores y los padres de nuestra democracia. Una democracia que se ha ganado con sangre, dolor y lágrimas.
No hay que olvidar que según la asociación Jueces para la Democracia, España ocupa el segundo lugar, tras Camboya, en el macabro escalafón de países con mayor número de desaparecidos, superando la suma de todos los desaparecidos de las dictaduras militares del Cono Sur juntas (Argentina de Videla, Chile de Pinochet, Paraguay de Stroessner, Uruguay de Bordaberry, etc).
Desde la llegada al gobierno de Mariano Rajoy se ha dejado sin dotación presupuestaria la Ley de Memoria Histórica, un procedimiento muy eficaz para liquidar la propia ley. Esta ley llegó tarde y fue duramente criticada por movimientos y asociaciones memorialistas, dado que reconoce la memoria de las víctimas como un derecho personal y familiar, negando que los delitos del franquismo fuesen contra todo el pueblo español y fuesen delitos de lesa humanidad, tal y como establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La vulneración de los compromisos jurídicos vinculantes del Estado ha sido denunciada por el Dictamen emitido en noviembre de 2013 por el Comité de la Naciones Unidas sobre la Desaparición Forzada y el Informe de 22 de julio de 2014 del Relator Especial de NNUU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición del Consejo de NNUU sobre Misión a España.
La tan aclamada por la derecha española Ley de Amnistía 46 / 1977 de 15 de octubre de 1977, parte integral de los pactos de la transición, tenía por objeto, la reconciliación de los españoles. Y así la defendieron sus aduladores, olvidando que sin justicia no hay reconciliación. Esta ley permitió sacar de la cárcel a muchos presos políticos a cambio de hacer extensiva la amnistía a los asesinos, torturadores y genocidas, lo que sirvió para construir una memoria histórica acorde al relato de los “vencedores”. Hasta la Ley de Memoria Histórica, en España no se había hecho nada por los derechos de las víctimas. En 2016 seguimos sin poder acceder a la verdad ya que la Ley de Secretos Oficiales impide el acceso a numerosos documentos, bajo el pretexto de que se pondría en riesgo la “seguridad nacional”. Exhumar a los asesinados por el franquismo no es solo una obligación jurídica del Estado, -obligación incumplida sistemáticamente al dejar la exhumación y la identificación de restos en manos de asociaciones y particulares-, es el único camino para cerrar heridas y construir una sociedad y una cultura verdaderamente democráticas.
La familia Horcajuelo Torres sabe con exactitud donde están los restos de Enrique, fusilado en el cementerio de Talavera de la Reina (Toledo) en 1942. Como en muchos otros casos la familia se basa en testimonios orales de una vecina de la localidad que fue testigo directo del fusilamiento. En Octubre de 2015, Miguel Mateo Horcajuelo solicita a la Gavilla Verde la búsqueda y recuperación del cuerpo de Enrique Horcajuelo. Adolfo Pastor como responsable de la Secretaría de Desaparecidos de la Asociación inicia los tramites de solicitud y recaba testimonios del fusilamiento y del enterramiento. El 19 de enero del 2016 se registra en el Ayuntamiento de Talavera la solicitud de exhumación.
Tras una primera respuesta del consistorio negando la existencia de información sobre Enrique, Adolfo Pastor envía un escrito aclaratorio sobre la localización del cuerpo en la fosa. En éste, Pastor detalla cómo la fosa en la que se encuentran los restos de Enrique es pequeña, se hizo con el fin de enterrarlo a él y está separada de la fosa común en la que hay enterrados un amplio número de fusilados.
En junio de 2016 la Gavilla Verde recibe Resolución Negativa firmada por el Secretario General del Ayuntamiento, D. Antonio López Abarca. El día 22 del mismo mes Gavilla Verde manda otro escrito aclaratorio, para adjuntar al expediente, acerca de la situación del cuerpo en la fosa. El 14 de julio Adolfo Pastor presenta recurso de reposición y se ratifica en la documentación presentada. A 22 de julio, recibe desestimación del recurso de reposición, dejando como única vía a la familia la interposición de un recurso contencioso-administrativo.
El caso de Enrique es uno de tantos casos que chocan con la falta de voluntad política de consistorios gobernados por el Partido Popular que, frente a obligaciones reconocidas internacionalmente obstruyen y dificultan el derecho fundamental de los familiares a la recuperación de los restos y a su entierro digno. Gracias a la opinión pública, todos recordamos el caso de la recuperación de los restos de Timoteo Mendieta en Guadalajara. La exhumación se produjo en enero de 2016 gracias a que su hija, Ascensión Mendieta, de 88 años, se sumó a la denominada “querella argentina”, denunciando ante la juez Servini e incluso voló a Buenos Aires para prestar declaración. Ascensión y Enriqueta sabían dónde estaban enterrados sus padres, y aún así la juez Servini recibió del juzgado de Guadalajara la negativa a la recuperación de los restos alegando, al igual que pasa con el caso de Talavera "problemas técnicos". Tras un segundo intento de la juez Servini se consiguió la autorización.
Por ello, debemos preguntarnos: ¿Qué deben hacer los familiares de las víctimas a los que se les niegan derechos fundamentales bajo la excusa de los problemas técnicos? ¿Acaso tienen que buscar en el extranjero la justicia que no les ofrece su propio país?
Si (
No(
