Esta mañana el Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado, de forma unánime, las tasas judiciales impuestas por el ex ministro Gallardón que afectan a personas jurídicas (empresas, instituciones y otras entidades).
Las tasas afectadas son sólo las exigidas a las personas jurídicas, dado que la reforma de la ley por Real Decreto ley de 2013 eximió del pago del tributo a las personas físicas, recurso que interpuso la OID (Organización Impulsora de Discapacitados).
Javier Gallego, abogado de OID, en declaraciones a La Voz del Tajo, se ha mostrado satisfecho con dicha anulación ya que la ley “limitaba el acceso a muchas personas a interponer cualquier demanda”, pues las cuantías para interponer el recurso contencioso-administrativo oscilaban entre los 200 y 1.200 euros, cantidades que, en opinión de Gallego, iban en contra de los “principios básicos que se recogen en el artículo 24 de la Constitución”.
El letrado, que acaba de ganar un pleito de 25 millones de euros a Hacienda, se muestra satisfecho al conocer la sentencia del Tribunal Constitucional y se alegra de que “la OID fuera pionera en interponer el recurso”.
Sin embargo, el tribunal aclaró que, en virtud del principio de seguridad jurídica, esta anulación sólo afectará a los nuevos supuestos o a los procedimientos donde no haya recaído una resolución firme, además de que esta sentencia no ordena la devolución de las cantidades pagadas.
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