Así lo ha declarado el Tribunal Supremo que ve legítima la personación del Gobierno de Castilla-La Mancha en los expedientes sobre concesiones de aguas al trasvase Tajo-Segura.
La sentencia del Supremo estima el recurso del Gobierno regional presentado contra una sentencia del TSJ de Murcia que había confirmado la resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura negando al Ejecutivo castellano-manchego la condición de interesado en estos informes.
De esta forma, se revoca el fallo del TSJ de Murcia y se estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Junta contra la Resolución de la CHS, de 28 de julio de 2010, que se anula.
En los fundamentos de derecho de la sentencia, la sala no comparte la delimitación de la condición de interesado de la Junta en estos informes, "En este sentido, la Comunidad Autónoma por la discurren las aguas antes del trasvase tiene un interés legítimo en el uso que se haga de las mismas una vez trasvasadas, toda vez que el compromiso de dichas aguas, y su destino para un uso racional, determina e incide en dicha unidad de cuenca y compromete y condiciona futuros trasvases", ha defendido la sala.
Argumenta la sala su decisión en el artículo 45.2 de la Constitución, que defiende que "los principios constitucionales de orden material que conciernen a la ordenación y gestión de recursos naturales, tan trascendentes para la vida como el agua, se concretan en el mandato constitucional que obliga a todos los poderes públicos a velar por la utilización racional de todos los recursos naturales".
Destaca que "no se trata ahora de establecer controles ni limitaciones, se trata únicamente de poder personarse como interesado en los procedimientos sobre concesiones administrativas de aguas, sobre ese uso privativo de las aguas" y añade que el ámbito de las aguas "es un área muy sensible en determinadas zonas de la geografía española y que, tradicionalmente, viene arrastrando una añeja controversia, entre algunas Comunidades Autónomas, por lo que ha de estimularse la colaboración y el consenso necesario".
La consejera de Fomento del Gobierno regional, Elena de la Cruz, ha celebrado la sentencia y considera que "avala el trabajo" que se realiza en la Comunidad Autónoma.
De la Cruz ha asegurado "que Castilla-La Mancha sí tiene derecho a personarse y a que se le dé traslado de los usos que se hacen con el agua del trasvase, como cuenca cedente que es".
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