El Gobierno de Castilla-La Mancha ha impulsado más de 800 acciones durante su primer año de mandato, 365 días durante los cuales ha cumplido con holgura el compromiso inicial del presidente regional, Emiliano García-Page, de recuperar semanalmente una prestación o derecho perdido durante la anterior legislatura. De esta manera, la acción de Gobierno se ha visto complementada con una serie de políticas de crecimiento para dotar a Castilla-La Mancha de un nuevo y necesario modelo económico y social, que permita a la región converger con las primeras regiones de la UE.
Todo ello, teniendo claras las prioridades de los vecinos de esta Comunidad Autónoma, sometidos a importantes recortes durante los últimos años, y priorizando los aspectos más urgentes como la Educación, la Sanidad y los Derechos Sociales, que tendrán rango de derecho y estarán blindados dentro del nuevo Estatuto de Autonomía.
Por este motivo, el 70% de los presupuestos de 2016 se invertirá en gasto social, sin que sean necesarios ni más reajustes ni más recortes. Las cuentas públicas del presente año, de marcado carácter social, invertirán más de 500 millones de euros en la recuperación e implementación de políticas en materia de dependencia, empleo y vivienda, aportando así “alma” y humanizando la gestión pública, para alcanzar una cohesión social imprescindible en el desarrollo de una región como la nuestra.
Además, el Ejecutivo de García-Page ha gobernado durante estos meses bajo un prisma de cercanía, transparencia y pluralidad, haciendo partícipes a los ciudadanos del destino de sus impuestos. Buena prueba de ello y, en cumplimiento de lo prometido, fue la celebración del I Foro Ciudadano en el que los diferentes agentes económicos y sociales de la región pudieron evaluar el grado de cumplimiento del programa de Gobierno, o las reuniones con todas las fuerzas políticas de la región, con y sin representación en las Cortes regionales, así como con colectivos empresariales, sindicales, agrarios y sociales, que se han mantenido desde el inicio de la legislatura.
Asimismo, se ha recuperado el Diálogo Social perdido con los dos principales sindicatos y la patronal regional, rubricado por todas las partes el pasado mes de octubre como preámbulo al Acuerdo Marco por la Recuperación Social y Económica de Castilla-La Mancha, y se han celebrado sesiones monográficas del Consejo de Gobierno sobre dependencia, ‘fracking’ o cáncer infantil, además de hacerlas itinerantes hasta en cinco ocasiones.
Impulso al empleo, el tejido empresarial y al sector primario de la región
El empleo ha sido, es y será una de las prioridades del Gobierno de Castilla-La Mancha. Por ello, desde el primer momento se ha impulsado la puesta en marcha del Plan Extraordinario y Urgente de Empleo, -el mayor de la historia de la región-, que está suponiendo una inversión global de 345 millones de euros y que conllevará la formalización de hasta 60.000 contratos en los dos próximos años.
Este plan, altamente necesario tras cuatro años sin programas públicos de estímulo del empleo, tiene una atención preferente y acciones específicas para personas con discapacidad, aquellos que ya no perciben ninguna prestación, jóvenes menores de 25 años, mayores de 45 y 55 años y mujeres víctimas de violencia de género. Asimismo, y por primera vez, incluye la contratación con autónomos, acciones formativas y ayudas a la conversión de contratos en indefinidos, entre otras medidas novedosas.
Del mismo modo, existe un compromiso para que aquellos jóvenes que tuvieron que irse de Castilla-La Mancha puedan regresar y seguir aportando aquí, en virtud del Plan de Retorno Juvenil que les becará durante un año, y se ha aprobado ya el ansiado Plan “Adelante” 2016-2019 de estímulo empresarial, que supondrá la creación de puestos de trabajo, así como la instalación, ampliación y promoción de empresas en nuestra región. Una medida que acompaña a la nueva línea de ayudas a emprendedores y la creación un marco fiscal cogedor, acciones todas ellas encaminadas a sentar las bases de un modelo económico diversificado, competitivo y sostenible.
El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha esforzado igualmente en fomentar otras áreas de desarrollo de la región como el turismo, mediante el lanzamiento de una marca comercial única que represente a Castilla-La Mancha y el Plan Estratégico de Turismo Regional, que ya ha generado dos mil puestos de trabajo de los diez mil previstos, o el sector agroalimentario, base de nuestra economía.
En este contexto, y con una región eminentemente rural cuyos productos agroalimentarios constituyen el 30% de las exportaciones del total de la industria de Castilla-La Mancha, se hacía necesario un respaldo a este sector ilusionante y en continua renovación. Por ello, nos hemos convertido en la primera Comunidad Autónoma en completar el pago básico y el pago verde de la PAC a un total de 110.000 agricultores y, a pesar de haber estado a punto de perderlo por la mala gestión del Gobierno anterior, Castilla-La Mancha va a contar con 1.500 millones de euros de la UE a través del Plan de Desarrollo Rural 2016-2023.
El impulso al sector vitivinícola ha sido otra de las prioridades del Gobierno de Emiliano García-Page, con el apoyo a FENAVIN como escaparate de referencia para esta industria, y la orden de ayudas a la Incorporación de Jóvenes a la Agricultura, cuyo presupuesto se ha visto incrementado hasta los 42 millones de euros.
Educación y sanidad, bases del Gobierno de García-Page
Junto al empleo, la educación y la sanidad conforman el triángulo sobre el que se sustenta la acción del Ejecutivo autonómico, empeñado en devolver a Castilla-La Mancha el estatus social y económico perdido en el camino. Por ello, en estos primeros 365 días de gestión, muchos han sido los pasos que se han dado en este sentido, con la reapertura de 20 colegios rurales cerrados por el anterior Gobierno, la dotación de 372 unidades escolares más que hace un año -permitiendo así bajar la ratio de alumnos por aula- o la contratación de 33 profesores para actividades formativas en centros de educación de personas adultas.
Asimismo se ha propiciado la incorporación de 404 docentes más que en el curso anterior, con una inversión de 15 millones de euros, llegando a los 24.517 profesores, y se ha convocado una Oferta de Empleo Público de 750 plazas en Educación primaria. No quedan ahí los esfuerzos en materia educativa y de universidades y, así, se retomará la importancia de Castilla-La Mancha como sede de investigación y avance científico con la creación del Instituto de Investigación Regional, y se ayudará a los universitarios con más dificultades económicas, que a partir del próximo curso se beneficiarán de una rebaja en los precios de los másteres y posgrados de un 45 por ciento y del fraccionamiento del pago en hasta diez plazos.
La sanidad no es en ningún caso, al igual que ocurre con la educación, culpable de los recortes ni pagadora de sus consecuencias. Por ello, el Gobierno regional realizará una inversión de más de 500 millones de euros en los hospitales de Albacete, Cuenca, Guadalajara y Toledo, y ya ha retomado las esperadas obras de ampliación y mejora de los hospitales de Cuenca, Toledo y Guadalajara.
También se ha puesto en marcha el Plan Dignifica, que ha permitido la contratación de médicos y la reapertura de camas en los hospitales donde ha sido necesario, se ha diseñado un ambicioso Plan de Modernización de Equipamientos del SESCAM, y se ha puesto en marcha el Portal de Transparencia y Salud, en el que se pueden consultar las listas de espera con un histórico.
Asimismo, se está desarrollando el Plan MÁS Sanidad, que aumentará entre un 15 un 20 por ciento la prestación de servicios sanitarios durante el periodo estival, se ha puesto en marcha la Tarjeta Humanitaria y se ha universalizado a toda la región el programa de detección precoz de cáncer de colon. Además, se ha eliminado el sobrecoste del copago farmaceútico, beneficiando a los más de cien mil pensionistas de Castilla-La Mancha.
Ayudar a quienes peor lo están pasando ha sido también otra de las premisas que el Ejecutivo regional ha tenido presente en todo momento. Dentro de este apartado, se ha aumentado en un diez por ciento, hasta los 420 euros, el Ingreso Mínimo de Solidaridad, y se ha llevado a cabo un Plan de Lucha contra la Pobreza Energética, que ha beneficiado a más de 20.000 personas y que ha permitido evitar 250 cortes de suministro de luz en los hogares con más dificultades, hogares que también se han visto beneficiados por las seis oficinas anti-desahucio de la región, que han atendido a un millar de familias y que han paralizado una treintena de lanzamientos.
En esta línea, se ha procedido a la apertura de comedores escolares durante los periodos vacacionales y se han suprimido las llamadas ‘tasas de la vergüenza’, aprobadas por el Gobierno anterior y que lastraban el bolsillo de desempleados, inmigrantes y dependientes, colectivo este último que suma 3.500 beneficiarios más que en julio de 2015, reduciendo la lista de espera en un año en más de 8.000 personas.
Servicios públicos de todos y para todos
Recuperar y ampliar los derechos perdidos no sería posible si no dotáramos a la Sanidad, la Educación y los Derechos Sociales de los recursos económicos y humanos suficientes. Por este motivo, se ha previsto una Oferta Pública de Empleo (OPE) de más de 6.600 puestos de trabajo a lo largo de la legislatura, 1.700 de ellos sólo en 2016.
Esto en cuanto a nuevos trabajadores públicos, pero para aquellos que ya forman parte de la Administración castellano-manchega, existe el firme compromiso de recuperar todos sus derechos cercenados. Así, ya se han dado numerosos pasos adelante como, por ejemplo, el abono progresivo de la paga extra de 2012 suprimida por el Gobierno de Rajoy a 67.000 empleados de nuestra región y la readmisión de 123 y 66 interinos despedidos ilegalmente.
Mención aparte merece el fin de las horas Cospedal, pues a pesar del recurso interpuesto por el Gobierno de España ante esta medida, ninguno de los trabajadores que fueron contratados por este motivo ha sido despedido, y su trabajo se aprovechará para reforzar los servicios públicos de cara al verano.
En defensa de los intereses de la región
Asimismo, estos doce meses han servido para defender nuestros intereses como región. Intereses hídricos de Castilla-La Mancha, con los recursos de todos y cada uno de los planes hidrológicos que afectan y perjudican a Castilla-La Mancha, y la propuesta a todas las regiones afectadas para alcanzar un Pacto de Estado sobre el Agua; intereses medioambientales, con la negativa a la instalación del Almacén Temporal de Residuos nucleares (ATC) en nuestra comunidad, la declaración de Castilla-La Mancha como “zona libre de fracking” o la ampliación de 9 a 12 meses de los trabajos de prevención y extinción de incendios en la región con la consiguiente contratación indefinida del personal de GEACAM.
En cuanto a las políticas a favor de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en las que Castilla-La Mancha ha sido pionera en nuestro país y en Europa, se ha impulsado la revisión de la actual normativa en violencia de género con una nueva ley que verá la luz este año y de la que ya se han aprobado algunos de sus principales decretos con artículos específicos relacionados con las redes sociales y la protección de menores hijos de víctimas de violencia de género.
Dentro de este capítulo, también se han duplicado las ayudas destinadas a estas mujeres tras abandonar los centros de acogida y se han introducido bonificaciones a las empresas que pongan en marcha planes de igualdad y medidas contra esta lacra.
Finalmente, el Ejecutivo castellano-manchego ha defendido, y reivindicado como propios, otros intereses menos tangibles pero igualmente importantes, como los valores universales proclamados en El Quijote con motivo del Año de Cervantes. Para ello, ha diseñado un completo programa de actividades, con más de 65 actos, con el que nos sumamos al IV Centenario de la Muerte de Miguel de Cervantes y que permitirá atraer a 1,2 millones de turistas con un impacto económico de 150 millones de euros.
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