Tras la presentación de los presupuestos del PSOE para Castilla-La Mancha, el secretario general de Podemos en la región, José García Molina, hizo una serie de análisis sobre un proyecto en el que existe un acuerdo “suficiente” para que pueda iniciarse el trámite parlamentario. Pese a ello, el de la formación morada dejó entrever que se presentarán las enmiendas necesarias cuando se hayan estudiado la letra pequeña de cada partida de cada Consejería. Inicialmente, García Molina trasladó a La Voz del Tajo que estos presupuestos “si responden a un cambio de orientación y retoman una senda social”.
En el acuerdo de investidura Podemos fijó una cantidad de 500 millones de euros para el Plan de Rescate Ciudadano, una cifra que ha alcanzado al final los 629. “Es una de las partidas de la que estamos más satisfechos”, aseveró, teniendo en cuenta que, a priori, 207 serán para atención a mayores y 166 para dependencia y discapacidad, por lo que añadió que “si se han cumplido esos objetivos”.
SANIDAD, EDUCACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES. En el apartado de Sanidad, Educación y Servicios Sociales la consignación aumenta un 7 por ciento, lo que se traduce en 315 millones de euros más respecto a las últimas cuentas de Cospedal en 2015 y alcanzan casi los 6.000 millones (un 70 por ciento del total). “Yo siempre he dicho que los servicios públicos son la joya de la corona de un estado de derecho y democrático que se precie de serlo, y que quiera ser no sólo justo y equitativo sino además con posibilidades de desarrollo”, resumió García Molina en la entrevista.
El líder regional de Podemos dijo también que estos “tienen que jugar un papel determinante en la atención a las personas, que es su primera misión, y además en el bienestar de la sociedad en su conjunto y de su desarrollo económico”. Así, explicó que en una comunidad como Castilla-La Mancha, con muchos municipios pequeños y dispersos, “terminan siendo un motor económico local y comarcal”, ya que en torno a ellos se crea una circulación importante de servicios.
Respecto a la polémica respecto a la educación pública y privada, García Molina se mostró satisfecho de que se hayan congelado las partidas para la concertada, que el entiende que “tiene que ser subsidiaria de la pública, y que llegue donde no lo hace ésta”. El secretario general negó estar en contra de la educación concertada, pero apostilló que “con el dinero público tiene que potenciarse la pública, tal y como dice el ordenamiento constitucional”.
EMPLEO. La partida que más aumenta es la de políticas activas de empleo, un 43,8 por ciento y donde se recoge una Oferta de Empleo Público de 1.710 plazas, la mayoría en Educación. Respecto a este área, el de la formación morada dijo que “estoy de acuerdo con el diagnóstico del presidente, pero no con las soluciones”. Así, expresó que el Plan Extraordinario de la Junta de Comunidades viene a parar la “hemorragia” y ayudará a las personas que peor lo están pasando, pero “se ha perdido una ocasión para innovar”.
Su idea en este apartado es haber propiciado acuerdos con los diferentes ayuntamientos para haber destinado las acciones de este plan a la rehabilitación de edificios e instalaciones públicas, en aras de adaptarlos a criterios de eficiencia energética y otras homologaciones. De esta forma, “hubiéramos conseguido adaptar vivienda pública con el añadido de reinsertar a trabajadores del ladrillo que se quedaron descolgados con la crisis y ahora podrían haber actualizado su formación con otros criterios como la eficiencia energética”.
A su juicio, este plan de choque era necesario, pero tenía que haber sido más “imaginativo y exigente” para dinamizar la región. De esta forma, continuó “el dinero público serviría para beneficiar a la región en su conjunto, siendo un motor de desarrollo social y cultural, pero también económico”.
TALAVERA DE LA REINA. Su estrecha relación con Talavera, donde ha sido profesor universitario durante años, también le llevó a analizar la repercusión de estas cuentas en ella, aunque señaló que los presupuestos “no se hacen pensando en lugares concretos, sino en la región en su conjunto”. A pesar de ello, y viendo la traducción que tendrán estos números afirmó que “Talavera no ha entrado tan de lleno en los planes de gobierno como a algunos nos gustaría”.
Teniendo en cuenta que es la segunda ciudad más habitada de Castilla-La Mancha, García Molina lamentó que estemos viendo que “es una ciudad que se muere y se está volviendo más triste y gris”. Por eso, apostó por soluciones que vengan de la innovación y la imaginación, y que la sirvan para “reinventarse asumiendo las cosas tan buenas que tiene y que tiene que seguir potenciando, mientras mira a nuevas orientaciones”. Uno de sus consejos es convertir a Talavera en un centro regional de eventos deportivos, culturales, empresariales o turísticos, aprovechando la comunicación con la provincia y la capital española e instalaciones como Talavera Ferial.
Respecto a las constantes polémicas en grandes proyectos, como el de la plataforma logística, y los ataques de deslealtad institucional que han surgido en el pasado y en la actualidad, José García Molina consideró que “es un mal hábito que me molesta cuando hay gobiernos de diferente color político en las administraciones que afectan a una población; me parece indigno de una acción política que haya prácticas excluyentes o de ocultación”. A su parecer, los políticos tienen que poner las posibilidades de desarrollo de las ciudades por delante de sus argumentarios de partido.
Los presupuestos de Castilla-La Mancha alcanzarán los 8.420 millones de euros, 214 más que los anteriores -un 2,6 por ciento- y que, según el Gobierno regional, cumplen con el objetivo de déficit y el techo de deuda pública fijados por el Gobierno de España.
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