La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha destacado que la Dependencia no es una "ayuda" sino un "derecho" y ha recordado las seis medidas puestas en marcha por el Gobierno regional para volver a niveles de 2011. Así, subrayó la necesidad de colaborar con la administración local para cubrir el 100 por cien del territorio con la red de Servicios Sociales Básicos.
La Consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha anunciado en su comparecencia ante la Comisión de Bienestar Social de las Cortes regionales que tendrá como objetivo principal “desarrollar la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha de 2010, que dibuja el modelo de servicios sociales como derecho de ciudadanía”.
La titular de Bienestar Social ha comparecido para explicar la evolución del sistema público de Servicios Sociales en Castilla-La Mancha y la situación de la Dependencia en la región, de la que ha resaltado que no es una “ayuda” sino un “derecho” cuya cobertura se propone recuperar a niveles de 2011.
Aurelia Sánchez ha descrito la situación encontrada en la región a la llegada del Gobierno de Emiliano García-Page, con 4.409 beneficiarios dependientes menos que en 2011, 6.554 prestaciones menos y 7.111 prestaciones económicas menos.
En sus primeros 100 días el Gobierno regional ha aplicado seis medidas para recuperar el sistema de Dependencia: ha recuperado el diálogo con los colectivos de personas dependientes; ha derogado la normativa anulada por el TSJCM y ha iniciado la tramitación del nuevo Decreto de Dependencia; ha adelantado el pago de las prestaciones económicas; ha iniciado la contratación de recursos humanos para agilizar la tramitación; ha eliminado una decena de tasas y ha incorporado al sistema a los dependientes moderados para los que ha desarrollado el Servicio de promoción de la autonomía personal SEPAP.
Respecto a la aportación de las administraciones al sistema de Dependencia, la consejera ha denunciado que en 2014 la aportación del Gobierno regional fue del 66,9%, el copago se elevó al 17,3% y el Gobierno de España aportó solo un 15,9% por, frente al 39,2% que pagaba en 2009.
Por eso ha propuesto un Pacto para la Dependencia, “que permita blindar los derechos reconocidos, que impulse y modifique el sistema de financiación, que apoye y proteja a las personas cuidadoras, que apueste por los servicios y la empleabilidad, y que promueva la efectiva incorporación al sistema de las personas con dependencia”.
Respecto a las prestaciones económicas para cuidadores familiares en el entorno, la consejera ha anunciado que en los casos de padres de hijos con discapacidad y de personas que residan en un medio rural esas prestaciones se consideran dentro de la normalidad y no como una excepción.
Modelo de Servicios Sociales
En cuanto al Modelo de Servicios Sociales, ha planteado la recuperación de la Ley 14/2010, de 16 de septiembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, que fue aprobada por unanimidad y que supuso un importante avance al concebir los Servicios Sociales como auténticos derechos de ciudadanía y no como derechos graciables y discrecionales de los poderes públicos.
“En tan solo cuatros años se ha cercenado un Sistema que ha tardado en construirse 26 años, en un momento en el que las necesidades sociales se han incrementado cuantitativa y cualitativamente y se ha producido un deterioro de las condiciones de vida de los castellano-manchegos”, ha destacado la consejera.
Como principales síntomas de ese desmantelamiento ha resaltado el efecto destructivo para la red de Servicios Sociales Básicos que han tenido el decreto 293/2011 de 3 de noviembre y el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, que han supuesto la destrucción de empleo, la pérdida de capacidades de intervención para los ayuntamientos, piedra angular de la atención primaria, con la consiguiente pérdida de cobertura del 100% del territorio de la región.
Del mismo modo, ha lamentado la reducción del Servicio de Ayuda a Domicilio a las personas en situación de dependencia, mientras a las no dependientes se les aminoraban las horas en un 47% y se imposibilitaba el acceso al sistema a nuevos beneficiarios no dependientes.
Centrado en las personas
Ante esa situación, la consejera impulsará “un modelo de servicios sociales centrado en las personas, no en usuarios, beneficiarios o clientes”, en el que la persona con dependencia participe en las decisiones de su proceso de atención personalizada.
Un modelo que promueva un entorno comunitario facilitador del desarrollo de la persona; que apueste por la “gerencia de caso”, a través del profesional de referencia; que propicie el trabajo en red y que se sustente en intervenciones profesionales en contraposición a la actual burocratización de la Red Básica de Servicios Sociales:
Las características del nuevo modelo serán: el diagnóstico social, la prescripción técnica, la planificación de la atención a través del Plan de Atención Social, la Intervención interdisciplinar, la protocolización de procesos y la priorización de las prestaciones técnicas frente a las prestaciones económicas.
En definitiva, un nuevo modelo de servicios sociales en el que será “fundamental” la colaboración con las Administraciones locales para cubrir el 100% del territorio con la red de Servicios Sociales Básicos, a los que se considera la “puerta de entrada” del sistema de servicios sociales, ha señalado la consejera.
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