El fiscal y las acusaciones particulares han solicitado ocho años de cárcel, por delito continuado de malversación de caudales públicos, para el recaudador de impuestos José Luis Lugones a un total de diez municipios toledanos, la mayoría de ellos de la comarca talaverana. El caso está llegando al final de la fase instructura y en las conclusiones provisionales se ha pedido esa pena por el presunto delito, según trasladó el alcalde de Navalcán -uno de los municipios estafados- y abogado de nueve de las diez localidades, Manuel Arroyo. En el caso de Navalcán la deuda contraída por el recaudaor es de 311.892 euros.
El abogado de la parte denunciada, Ignacio Serrano, ha pedido la reducción de la pena mediante la aplicación de los atenuantes de arrepentimiento y confesión, que podría suponer dos años menos de prisión. El presunto estafador se personó en un juzgado madrileño de Plaza de Castilla para confesar el delito el 28 de diciembre de 2013.
Ya hace un año que Arroyo presentó la primera denuncia contra Lugones, quien se había apropiado del dinero de los contribuyentes de diez municipios y lo había mezclado con su patrimonio alcanzando una deuda cercana a los 1,4 millones de euros. Los otros nueve pueblos afectados son: Velada (245.277 euros estafados), Los Navalmorales (99.784 euros), Calera y Chozas (324.804 euros), Aldeanueva de Barbarroya (44.527 euros), Cazalegas (93.436 euros), Las Herencias (26.496 euros), Rielves (31.177), Alberche (31.469) y Las Ventas de San Julián (36.319).
Hasta el día de hoy, el recaudador ha ingresado en el Juzgado alrededor de 70.000 euros en varias consignaciones; los ingresos son de unos mil euros según va consiguiendo la aportación de sus hijos y el rescate de un fondo de pensiones propio. Arroyo recordó que Lugones continúa en prisión provisional sin fianza en el centro penitenciario de Ocaña I, donde ingresó el 9 de abril, y está a la espera de la celebración de juicio y de que la Audiencia Provincial elija a los miembros del jurado. El pasado 24 de diciembre esta misma Audiencia notificó que desestimaba la petición de libertad para el preso.
Los alcaldes de los pueblos estafados acudieron a la Diputación de Toledo para gestionar un convenio con el Organismo Autónomo Provincial de Gestión de Tributos para que se encargara de la recaudación de impuestos, a lo que la institución provincial se prestó en palabras de su presidente, Arturo García-Tizón.
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