El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha inicado un juicio oral contra el expresidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, y el exdirector general, Ildefonso Ortega, imponiéndoles una fianza civil, a pagar en diez días, de 138,2 millones de euros por la crisis originada en la entidad financiera. En un auto, Ruz les atribuye delitos de administración desleal y falseamiento de las cuentas.
El Banco CCM reclamó la cantidad mencionada, que se les impone de forma solidaria por la acusación ejercida por esta entidad, por el perjuicio económico que se derivara de la investigación. Además, la Fiscalía pidió para ambos exresponsables de CCM dos años y medio de prisión el pasado 21 de octubre por un delito societario de falseamiento de cuentas por emprender una “maniobra contable”; concretamente, por reflejar unos beneficios de 30 millones de euros en vez de unas pérdidas de 182 millones. En esta ocasión, no se les reclamó ninguna responsabilidad civil ni se les acusó de administración desleal, aunque ahora el juz si lo tiene en considerando que existen operaciones de crédito con una “notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación”.
El Banco de CCM solicitó para Hernández Moltó y Ortega cinco años y medio de prisión y la otra parte de la acusación, Adicae, lo mantiene en cinco años. Esta entidad bancaria fue la primera en ser intervenida durante la crisis; en marzo de 2009 el Consejo de Ministros aprobó una inyección económica de fondos públicos para su rescate de 9.000 millones de euros.