Extrabajadores de la Diputación de Toledo reclaman su readmisión tras la sentencia judicial

Los extrabajadores de la Diputación de Toledo que fueron despedidos el verano de 2012 reclaman a la administración su readmisión tras la sentencia judicial. En una carta al presidente de la institución provincial, Arturo García-Tizón, manifiestan que “ante la situación de desamparo” necesitan que se recuerde que el 31 de agosto de ese año fueron despedidos, aún teniendo contrato indefinido, cuando se estaban planificando los pasos previos para transferir dicho hospital al SESCAM.

El Juzgado de Toledo declaró como nulo este despido múltiple y condenó tanto a la Diputación como al SESCAM a readmitirles y abonarles todos los salarios seis meses después; una sentencia que fue ejecutada el 9 de mayo de 2014, aunque las dos administraciones recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que decidió absolver al SESCAM y que conllevó al despido nuevamente de estos trabajadores el 31 de julio de 2014, aunque condenándose por segunda vez a la Diputación a la readmisión y abono de salarios. Pese a ello, “llevamos sin cobrar un euro desde el día 1 de agosto hasta la fecha”, recalcan.

En estos términos, quieren denunciar la curiosidad de que “cuando las sentencias les son favorables, las administraciones las ejecutan de un día para otro, pero cuando son desfavorables se empeñan en dilatar los procesos”. Desde que el TSJ condenara, por segunda vez, a la Diputación, ésta se ha empeñado en presentar recursos y poner excusas para readmitirles. Pasada la fecha límite para ejecutar la sentencia el pasado 16 de noviembre, los trabajadores están en una “situación de desamparo”, ya que “al estar inmersos en un proceso judicial no podeos cobrar prestación de desempleo ni percibir los sueldos porque la Diputación se niega a readmitirnos, ni tampoco podemos encontrar otro trabajo”, subrayan.

Este 10 de diciembre el Juzgado de lo Social número 2 de Toledo les ha citado para comparecer, a amabas parte, aunque el pasado día 4 la Diputación emplazó a los abogados de los empleados para presentar las liquidación ya que “alegan que no nos pueden readmitir y nos plantean la extinción de nuestra relación laboral con indemnizaciones de 45 días por año de servicio”; aunque nosotros “no queremos indemnización, queremos la readmisión”, concluye la misiva pidiendo a García-Tizón que “medite, piense y se dé cuenta del mal que está haciendo a muchas familias”.