Los forestales “nos jugamos la vida”

El representante del Comité de Empresa de GEACAM (Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha), Ángel Rubio, analizó la situación de esta empresa pública desde el fatídico incendio de Guadalajara, que se cobró once vidas en 2005, en lo que se refiere a la reorganización del sector forestal dedicado a la extinción de incendios. A raíz de este suceso, el PSOE comenzó con este plan. Hasta el momento, las contrataciones de empleados forestales y sus condiciones eran muy diferentes de unas provincias a otras. La tónica dominante era la poca formación de los trabajadores y una precaria estabilidad laboral, ya que “se trabajaba tres o cuatro meses al año”, apostilló.

A su juicio, el Partido Socialista “sobredimensionó el dispositivo en muchos aspectos”; se creó GEACAM y se contrató a Juan Sánchez como encargado de elaborar el Plan Infoca en Andalucía. La idea base para crear esta empresa fue la de albergar a todos los trabajadores forestales en un mismo marco legal y la creación de un plan de prevención de incendios para la región, el llamado INFOCAM. El forestal subrayó que, a estas medidas, se sumó una gra partida presupuestaria y la licitación de medios aéreos altamente novedosos, como los helicópteros Augusta Bell 212. También se intento crear una unidad de emergencia para la extinción de incendios, pero la idea no llegó a buen puerto por desencuentros políticos.

Para Ángel, este proyecto tenía un punto a favor: equiparar a todos los trabajadores forestales de la región; ya que pasarían a trabajar casi todo el año y se someterían a cinco exámenes a los profesionales, médico, teórico, físico, geográfico y práctico. Estas medidas se iniciaron con la ayuda de subvenciones europeas, aunque para Rubio este presupuesto “debería haberse destinado a la adecuación total del servicio y a formar a los trabajadores de manera específica”.

Sin embargo, las labores de prevención de incendios no eran rentables para la administración y, por ejemplo, en Talavera no había empresas privadas interesadas en hacerse cargo de los servicios. “El sector servicios no ha de ser rentable económicamente, sino eficiente en su trabajo”, defendió, al tiempo que añadió que sus compañeros tenían que estar disponibles las 24 horas del día por un plus económico mínimo.

Este profesional asegura que con la llegada del PP al Gobierno regional el panorama volvió a cambiar; el 2 de diciembre de 2011 se anunciaron recortes en labores forestales debido a la no productividad. Sin embargo, “los trabajadores del sector entendían que la productividad no era lo mismo que la necesidad, y que las labores que se llevaban a cabo en materia de prevención eran necesarias”. Sentados a negociar el resultado fue drástico: se recortó el presupuesto de GEACAM y se rescinden medios aéreos. Con estos reajustes presupuestarios, los trabajadores pasarían a trabajar solo ocho meses al año.

Tras huelgas y concentraciones, en febrero de 2012 la Consejería contrata a una asesoría jurídica que propone a los trabajadores un acuerdo. En dicha propuesta, el 20% de los trabajadores 12 meses, el 60% trabajaría 8 meses, y el 20% restante, trabajaría 4 meses al año. Según afirma Ángel Rubio, los trabajadores estaban dispuestos a aceptar el acuerdo siempre y cuando se estipularan rotaciones para que todos los trabajadores pasasen por el periodo de 12 meses. La asesoría jurídica pretendía crear una clase especializada de trabajadores para los periodos de 12 meses, dejar el personal interino para los periodos de 4 meses, y no aseguraba de forma certera el futuro de los trabajadores a 8 meses. La negativa del sector a firmar el acuerdo se salda con el despido de 400 personas interinas, lo que deja a GEACAM con un personal en torno a los 1840 trabajadores.

Tras este despido masivo de trabajadores, se negocia un ERE con los empleados de GEACAM. Este Expediente de Regulación de Empleo se estructuraría por años. En 2012 se trabajaría 8 meses, en 2013, 2014 y 2015 se trabajaría 9; y en 2016, previendo que la situación económica mejorase, se daría la opción de continuar trabajando 9 meses, o volver a trabajar 12. El acuerdo también incluía un convenio de ayuda con el Consorcio de Bomberos, y que GEACAM solo gestionase el personal, los medios pasarían directamente a ser competencia de la junta. En nombre de los trabajadores del sector, Ángel Rubio denuncia la disminución del presupuesto destinado a GEACAM. En 2012, el presupuesto público era de 73,8 millones de euros, el presupuesto real destinado a la empresa fue de 67,8 millones. En 2013 y 2014, el presupuesto era de 74 millones, la cuantía real destinada ha sido de 49 y 51 millones respectivamente. Respecto a esta disminución del presupuesto, Ángel Rubio cuenta haber llegado a incendios en los que no había agua para beber, o parar en gasolineras en las que se negaron a servir combustible a los vehículos terrestres.

Los trabajadores del sector, a sabiendas de que la firma del acuerdo podría evitar 700 despidos, están dispuestos a confirmar su adhesión al pacto. El sindicato Comisiones Obreras calificó el acuerdo de ilegal y lo recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Albacete, que sentenció revocando el acuerdo. GEACAM recurre esa sentencia al Tribunal Supremo, cuya sentencia saldrá meses después. Mientras tanto la empresa afirma no poder mantener a los trabajadores durante todo 2013 y pone a disponibilidad de los empleados unas novaciones voluntarias e individuales para pasar de nuevo a 9 meses de trabajo. Esta propuesta es apoyada en agosto por un 15% del sector. Ángel Rubio afirma que, por circunstancias que se desconocen, muchos trabajadores firmaron las novaciones, lo que hizo que en septiembre el porcentaje de trabajadores adheridos a las novaciones fuese del 72%.

500 trabajadores, entre los que se encontraba nuestro entrevistado, no firmaron esos acuerdos individuales. El 24 de diciembre de 2013 la junta presenta un ERE a esos 500 trabajadores en el que se pretende despedir a 400. En ese momento se hace pública la sentencia del Tribunal Supremo al recurso de GEACAM. El máximo órgano de justicia en España afirma que el acuerdo alcanzado en 2012 es válido. Debido a que las novaciones fueron voluntarias, este acuerdo solo engloba a los 500 trabajadores que no firmaron.

Tras varias negociaciones en las que los 500 trabajadores, según Ángel Rubio, intentaron que el acuerdo de 2012 englobase a todos los trabajadores, hubieran firmado novación o no, GEACAM realiza una nueva proposición. Todos los trabajadores estarán admitidos en el acuerdo de hace 2 años si los 500 que no firmaron dejan de trabajar durante 6 meses para reestructurar los periodos de actividad, y el resto devuelve a GEACAM la indemnización por firmar la novación.

Esto nos lleva a la situación actual de la empresa. Ángel Rubio comenta que en las últimas negociaciones se ha llegado a un acuerdo por el cual se permitirá a los trabajadores devolver el 60% de la indemnización a 15 de agosto, y el 40% restante en el mes de octubre. El trabajador incurre también en “el juego de ajedrez que hace la Junta con los retenes y los trabajadores”, ya que los retenes de la región trabajan con menos personal del óptimo para cumplir sus funciones y hay personal que es trasladado de un retén a otro súbitamente según sea necesario. Así, Ángel Rubio afirma que en la provincia de Toledo hay aproximadamente 275 trabajadores, cuando debería haber en torno a los 330, lo que ha obligado a la contratación de 20 interinos. Esta falta de personal hace que muchos vehículos, tanto terrestres como aéreos, queden inoperativos, o tengan escasa eficiencia.
 
Además, nuestro entrevistado comenta las tensiones entre compañeros del sector posicionados a favor o en contra del gobierno. “Ve tú a apagar el fuego que eres el que ha salvado a la empresa”, y frases similares hacen patente las diferencias que una mala administración ha creado entre los trabajadores.

Respecto al reciente incendio ocurrido en Guadalajara, Ángel Rubio dice que hubiera sido posible apagarlo y controlarlo más pronto de lo que se hizo si los retenes funcionasen de manera regular, y si los vehículos hubiesen podido trabajar a máxima eficiencia con el número suficiente de operarios. También, por parte de los trabajadores se reclama un poco más de tacto a la administración, ya que muchos de los empleados  que participaron en la extinción del incendio de Guadalajara se encontraron con la carta de cese del trabajo al volver a su casa.

Por otra parte, el sector forestal reclama un reconocimiento de cara al público. Ángel Rubio cree que el gobierno regional ha desprestigiado su profesión y no promueven el conocimiento de la actividad y el trabajo de los forestales, por lo que su imagen está muy dañada. “No somos un nido de rojos, como muchos quieren hacer creer. Nos jugamos la vida, mis hijos saben que cualquier día puede que su padre no vuelva a casa”. Pone como ejemplo las visitas de escolares a bases forestales o el trato dado a la UME (Unidad Militar de Emergencia). Respecto al primer caso, afirma que, mientras visitas al parque de bomberos o a la comisaría de policía están a la orden del día para los colegios, no se promueve la visita a su base en la que los niños podrían disfrutar del helicóptero y aprender que hacer en caso de incendio. En el segundo caso, Ángel Rubio explica que “la UME no apaga incendios, llega y establece su perímetro en carreteras o urbanizaciones. A nosotros nos deja el helicóptero con una mochila y una botella de agua donde no llegan las cámaras”.