El TSJ de Castilla-La Mancha revoca la decisión de la Junta de privatizar montes públicos
El PSOE pide que se deje la actitud privatizadora para evitar estos varapalos de la justicia
domingo 17 de agosto de 2014, 20:25h
El coordinador del grupo de parlamentarios nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha y portavoz de Agricultura del Grupo socialista en el Congreso, Alejandro Alonso ha valorado de forma muy positiva el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por una demanda interpuesta por Ecologistas en Acción, que ha anulado un decreto del Gobierno de Cospedal que desclasificaba tres refugios de fauna en montes públicos de la provincia de Toledo.
El decreto del gobierno regional fue una de las primeras medidas encaminadas a la privatización de los montes que tomó la administración de Cospedal. Alejandro Alonso, declaró: “nos alegramos de esta sentencia y pediríamos a la Presidenta que reconsidere su actitud privatizadora y su aversión a lo público y paralicen todos estos procesos de privatización que terminan luego en tremendos varapalo de la justicia”.
El gobierno regional decidió, en 2012, eliminar los espacios de Quinto de San Pedro y Cardeñosa en los Navalucillos y Nava de Don Diego en Los Yébenes como Refugios de Fauna. Estos parajes iban a ser adjudicados a empresas privadas para ser utilizados como cotos de caza. La asociación Ecologistas en Acción presentó un recurso al TSJ de , ya que entendía que la decisión del gobierno era contradictoria, pues crear cotos privados en refugios de fauna carecía de lógica. Para Miguel Hernández, portavoz de la asociación, la medida se realizó en “la más absoluta clandestinidad.”
El 11 de Agosto, el TSJ de Castilla-La Mancha hizo pública la sentencia en la cual paralizaba las licitaciones de terrenos públicos como cotos de caza privados. El veredicto del tribunal es recurrible por parte de la administración de Cospedal, aunque el dictamen de los jueces contiene un aviso importante para el gobierno, que siguió adelante con sus planes a pesar de que el propio Gabinete Jurídico de la Administración Autonómica advirtió de los posibles problemas que originaría esta medida.