El Gobierno pretende imponer multas de hasta 30.000 euros a quien participe en la paralización de un desahucio. Así lo publica hora el eldiario.es quien recoge que esta es una de las nuevas formas de protesta ciudadana que pasará a estar tipificada en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. El borrador considera falta grave los "actos de obstrucción" a un funcionario o autoridad en la ejecución de una resolución judicial o administrativa. Fuentes de Interior confirman que en este supuesto se incluye la resistencia a que una comisión del juzgado ejecute un desahucio con ayuda de las Fuerzas de Seguridad y cuando entre en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, prevista para el próximo año, todos aquellos que sigan participando en esas acciones de desobediencia civil podrán ser sancionados con multas de entre 1.001 y 30.000 euros.
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