El nuevo Plan de Vivienda de Castilla-La Mancha contará con 70 millones de euros

La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, ha afirmado hoy que el nuevo Plan de Vivienda regional “impulsará principalmente el alquiler y la rehabilitación, para hacer una política de vivienda social, dar respuesta a las necesidades reales de los ciudadanos y reactivar el sector de la construcción”. Marta García ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que ha tomado en consideración el proyecto de decreto del nuevo Plan de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016 de Castilla-La Mancha, y que, para la consejera, “recoge las líneas estratégicas que concretan y dan continuidad a un nuevo modelo de política de vivienda que el Gobierno de Cospedal ha puesto en marcha desde el inicio de la legislatura”.

La titular de Fomento ha explicado que el nuevo modelo, cuyo presupuesto asciende a un total aproximado de 70 millones de euros y que ha sido elaborado en consonancia con el Plan Estatal, se asienta en tres pilares básicos: el fomento del alquiler como forma más efectiva de garantizar el acceso a la vivienda a los ciudadanos con menos recursos; la rehabilitación, que garantiza a los ciudadanos viviendas más seguras y cómodas e incentiva en la reactivación de la construcción; y devolverle a la vivienda protegida de promoción pública su verdadera vocación social.

Marta García ha destacado los buenos resultados que ha cosechado hasta el momento el nuevo Plan de Vivienda impulsado por el Gobierno regional, gracias al cual 1.800 familias se han beneficiado hasta el momento de las ayudas al alquiler, que han ascendido a un total de 3 millones de euros y que registraron en su día más de 5.000 solicitudes en un periodo de 4 meses.

Asimismo, ha criticado que el anterior Plan de Vivienda -puesto en marcha por el Gobierno socialista entre 2009 y 2012- no solo “no resolvió los problemas para los que fue elaborado”, sino que provocó que el Gobierno de la presidenta Cospedal haya tenido que hacer frente a más de 71,5 millones de euros correspondientes a ayudas que habían sido concedidas a los ciudadanos y que “ni se pagaron ni tenían siquiera consignación presupuestaria”.