El TSJCLM falla a favor de UGT y CCOO y la Junta deberá pagar 44 días de la extra de Navidad 2012 a su personal laboral

La Secretaria General de FSP UGT CLM, Carmen Campoy, ha recibido con alegría la sentencia porque “vuelve a dar la razón a los trabajadores, en el sentido de que no puede tener efecto retroactivo la aplicación de un decreto legislativo que apelaba al carácter de urgencia de la supresión de la paga extra, algo que este Gobierno podía haber hecho por vía parlamentaria, perfectamente”.

Campoy recuerda al Gobierno regional que “los representantes de los trabajadores vamos a seguir reclamando en los tribunales los derechos de los trabajadores que se nos niegan en la mesa de negociación” y que “este reconocimiento del TSJCLM acabará haciéndose extensivo al resto de empleados públicos de la Junta, tanto funcionarios como estatutarios”.

La responsable de UGT señala que la sentencia 7/2013 del TSJCLM “se pronuncia en contra de la aplicación retroactiva de una norma desfavorable, algo que es totalmente ilegal, a pesar de que el Real Decreto Ley no preveía su aplicación retroactiva y cuando fue publicada la norma los trabajadores públicos ya habían devengado, mayoritariamente, un mes y catorce días de su paga de Navidad (de un periodo total de devengo de seis meses)”.

Según Campoy, queda demostrado que es “ilegal el impago de la paga extraordinaria, por distintos motivos, entre los que se encontraba la ausencia de habilitación por parte del Gobierno del Estado para utilizar la vía del Decreto Ley, solo justificable como medio legislativo en casos de extraordinaria y urgente necesidad”.

Para la responsable de UGT, la sentencia del TSJCLM “se pronuncia rotundamente sobre la aplicación retroactiva de la norma, es decir, en no pagar tampoco la parte ya devengada de la paga el día 14 de julio, el TSJ se ha sumado a lo que está siendo unánime y clamoroso en todos los tribunales: que la paga
extraordinaria es salario de pago diferido, y por tanto que cuando se inicia el periodo de devengo de la paga (en este caso el 1 de junio de 2012), los trabajadores ya han consolidado su derecho al abono diferido o futuro de cada uno de los días que están trabajando”.

“Solo queda por determinar si se producirá un inmediato cumplimiento de la sentencia, si esta será recurrida en casación ante el Tribunal Supremo (cosa probable), y si la Administración procederá a un inmediato cumplimiento o intentará, de alguna manera, demorar la ejecución”, concluye Campoy. Cuando llegue el momento de aplicarla, cada uno de los casi 7.000 trabajadores laborales de la Administración regional cobrarán entre 300 y 336 euros cada uno, lo que representa unos dos millones de euros para las arcas públicas de Castilla-La Mancha.