Hacienda remite al Ministerio el listado de facturas del segundo tramo del plan de pago a proveedores por 713,8 millones de euros

La Consejería de Hacienda del Gobierno de Castilla-La Mancha –a través de la Intervención General- ha remitido al Ministerio de Hacienda el listado de facturas del segundo tramo del plan de pago a proveedores por 713,8 millones de euros, que ampara obligaciones documentadas en facturas derivadas de contratos, arrendamientos, encomiendas de gestión y concesiones administrativas, entre otros conceptos.

Este listado será revisado por el Ministerio de Hacienda del 24 al 28 de octubre y posteriormente, los proveedores podrán comprobar la relación de facturas y solicitar su adhesión al pago entre el 29 de octubre y el 14 de noviembre. En caso de que existan discrepancias, podrán solicitar el certificado individual hasta el 15 de noviembre.

El mecanismo de pago a proveedores, puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda este año 2013, constaba de dos tramos. El primero, que ya se ha tramitado durante este verano, es un gasto derivado de conciertos en materia educativa, social y sanitaria, convenios de colaboración, transferencias a distintas instituciones sin fines de lucro y distintas actividades de I+D+i, así como pagos a ayuntamientos.

Este primer tramo ya está determinado definitivamente, a falta de que el Ministerio habilite los fondos, y la cifra definitiva asciende a 278,4 millones de euros, a lo que hay que añadir 69,3 millones se destinan a los proveedores de ayuntamientos, que la Junta de Comunidades pagará asumiendo la deuda. De los 278,4 millones de euros, los ayuntamientos cobrarán 115,7 millones derivados de conciertos en materia educativa, sanitaria y asistencial. Sumadas ambas cantidades, en total los ayuntamientos de la región percibirán de este primer tramo del plan de pago a proveedores 185 millones de euros.

Con la puesta en marcha del primer tramo del mecanismo de pago a proveedores y de este segundo tramo, que se pagará a finales de año, quedarán cerca de 200 millones de euros pendientes de pago, con lo que se pretende que la Administración regional esté realizando a finales de año sus pagos en los plazos que establece la Ley de Morosidad.