El Ayuntamiento plantea personarse en el proceso judicial tras las declaraciones sobre el cobro de comisiones por el PP

El Gobierno local pidió a los servicios jurídicos municipales que estudien la personación del Ayuntamiento como acusación particular en la investigación del juez Pablo Ruz tras la declaración realizada en sede judicial por el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, sobre el supuesto pago de una comisión por parte de la empresa adjudicataria del servicio de limpieza y recogida de basura en el año 2007.

En este sentido, el equipo de Gobierno está preocupado porque sitúen la ciudad de Toledo en el mapa de la presunta financiación irregular del PP, según aseguró el portavoz municipal, Rafael Perezagua en rueda de prensa acompañado por el concejal de Gestión de los Servicios, Gabriel González. Asimismo, expuso que en caso de confirmarse “la mordida de 200.000 euros” que supuestamente cobró el PP de Castilla-La Mancha, “vamos a reclamar que se reintegre a las arcas municipales”.

Perezagua explicó que el contrato asociado a la supuesta comisión cobrada se refiere a la adjudicación realizada a la empresa Sufi en enero de 2007, filial de Sacyr, unos meses antes de que los populares perdieran la Alcaldía. Igualmente recalcó que dicho contrato contiene “singularidades” si se compara con otros contratos municipales del mismo volumen.

Por su parte, Gabriel González señaló que, como es lógico, en el expediente municipal de ese convenio “no hay rastro de la presunta comisión”, aunque tiene “excepcionalidades un poco extrañas” para la manera de proceder que suele emplear el Ayuntamiento en estos casos.

La primera de estas singularidades es que la valoración de las ofertas no fue realizada por los técnicos municipales, sino por una empresa externa, un trámite “legal, pero inusual”que posteriormente no se volvió a aplicar. También detalló que no se recoge el informe del economista municipal encargado de realizar el seguimiento del cumplimiento del servicio.

Igualmente, existen errores en la duración del contrato. Por lo general se estipulan en siete años prorrogables otros siete, aunque finalmente se fijó en diez años ampliables a cuatro más; un desajuste menor que, sin embargo, se añade al resto de imprecisiones.

Durante esta explicación, el concejal de Gestión de los Servicios se detuvo en el hecho de que el contrato se firmara sin que hubiera renovación del convenio laboral, lo que produjo un conflicto con los trabajadores, el cual provocó “que, desde entonces, el Ayuntamiento haya tenido que asumir un sobrecoste de 600.000 euros que estamos pagando todos los toledanos”.

A preguntas de los periodistas, Gabriel González quiso precisar que, tras la firma de este contrato, el Ayuntamiento gobernando por el PP contrató a la misma concesionaria para que se hiciese cargo del mantenimiento de viales por un periodo de cuatro años, a cuyo término el actual equipo de Gobierno no renovó y destinó para tal función a personal propio del Consistorio.

Por último, Rafael Perezagua defendió la labor del gerente, capataces y resto de trabajadores de la empresa Sufi, que permiten ver la ciudad “más limpia que nunca” e insistió en que el Gobierno local defenderá los intereses de los toledanos contra quienes “han machado de basura la imagen de Toledo”.