El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que su Comunidad Autónoma está trabajando para recurrir al Tribunal Constitucional el real decreto ley aprobado el pasado jueves en el Congreso de los Diputados, que establece un nuevo sistema de reparto de menores migrantes no acompañados entre las autonomías.
Este decreto, según García-Page, supone un "atropello lamentable" y un "drama" para las comunidades autónomas, que se ven obligadas a asumir un sistema de distribución de menores que, a su juicio, no resuelve el problema de fondo.
García-Page explicó que el Gobierno regional está ultimando un informe jurídico para dar el paso de recurrir la medida ante el Tribunal Constitucional, destacando que la ley recientemente aprobada es una "barbaridad" que, en lugar de solucionar el problema, crea una "solidaridad obligada" entre las autonomías.
"La solidaridad no puede imponerse", afirmó el presidente, quien lamentó que el Estado haya aprobado un sistema que obliga a las autonomías a asumir un "cupo" de menores migrantes, no solo de Canarias, sino también de otras regiones de España sobresaturadas.
El presidente de Castilla-La Mancha criticó duramente la falta de diálogo con las comunidades autónomas a la hora de diseñar este sistema, asegurando que se ha tomado esta decisión sin consultar a las autonomías y sin que el Estado aporte recursos para afrontar los gastos derivados. García-Page subrayó que la redistribución de menores ha sido un acuerdo mutuo entre comunidades autónomas, especialmente entre Canarias y otras regiones, pero que este nuevo sistema impuesto desde el Estado carece de consenso.
Asimismo, García-Page afirmó que el verdadero problema no radica en los menores migrantes, sino en aquellos que utilizan a los niños para hacer política. "No es un problema de los menores, sino de los que usan a los niños para hacer política", concluyó el presidente regional, dejando claro su rechazo a una medida que considera injusta y mal planteada.