El sindicato ANPE, mayoritario en la enseñanza pública, ha denunciado con firmeza la agresión sufrida por el exdirector del IES Puerta de Cuartos de Talavera de la Reina, quien fue atacado con una llave inglesa (en un principio las informaciones apuntaban al uso de un destornillador) por un exalumno del centro.
El suceso, calificado por ANPE como “inadmisible”, ha generado una fuerte reacción de repulsa por parte del colectivo docente.
A través de un comunicado oficial, ANPE ha mostrado su “más absoluto rechazo” a este acto de violencia y ha expresado su total solidaridad con el docente agredido y con toda la comunidad educativa del instituto afectado.
El sindicato ha activado el servicio del Defensor del Profesor, una iniciativa específica destinada a la atención y acompañamiento de docentes víctimas de agresiones o acoso. Gracias a este recurso, el afectado está recibiendo asesoramiento y apoyo profesional.
Este incidente, señala ANPE, vuelve a poner en evidencia la urgencia de reforzar las medidas de prevención y protección en los centros educativos, para garantizar entornos seguros tanto para el profesorado como para el alumnado. “Es imprescindible que se tomen medidas reales y efectivas para prevenir este tipo de situaciones”, afirman.
ANPE recuerda que, tras años de lucha sindical, se logró la aprobación de la Ley de Autoridad del Profesorado, que considera las agresiones a docentes como delito. Una normativa que, según destacan, continúa siendo clave para la defensa de los derechos del profesorado y la dignificación de su labor.
En su declaración, ANPE exige a las autoridades educativas y judiciales que se tomen “medidas contundentes” para evitar que actos como este queden impunes, y que se refuercen los protocolos de actuación ante situaciones de violencia escolar.
“Reiteramos nuestro compromiso con la defensa del profesorado y no cesaremos en nuestro empeño de erradicar la violencia en el ámbito escolar”, concluye el comunicado.
El suceso ha generado una ola de apoyo al docente agredido, así como nuevas demandas para que la seguridad en los centros educativos sea una prioridad real y permanente.