Andrea Ginés, enfermera de 30 años natural de Talavera de la Reina (Toledo), se ha visto apartada de la oposición para trabajar en la sanidad pública de Baleares tras un cambio en los requisitos del proceso, tal y como ha adelantado El Mundo. A pesar de obtener una calificación destacada en el examen y superar todas las fases del proceso selectivo, su candidatura fue excluida debido a no acreditar un nivel B2 de catalán, una exigencia impuesta posteriormente en la convocatoria.
Graduada en 2016, Ginés ha desarrollado su carrera en distintos centros sanitarios de Castilla-La Mancha y Madrid. Durante la pandemia, trabajó en el quirófano del Hospital General Universitario de Talavera, donde enfrentó la escasez de material de protección en plena crisis sanitaria. Apasionada del mar y con vínculos familiares en Mallorca, su objetivo era establecerse en las islas y ejercer su profesión allí.
En 2022, con el gobierno del PSOE liderado por Francina Armengol en Baleares, se convocaron 807 plazas en hospitales y centros de salud, atrayendo a más de 4.000 enfermeros de toda España. En ese momento, el conocimiento del catalán era considerado un mérito, pero no un requisito excluyente. Sin embargo, en marzo de 2023, tras presiones de colectivos y sindicatos nacionalistas, se estableció la obligatoriedad de acreditar un nivel B2 del idioma, dejando fuera del proceso a 158 profesionales que habían superado el examen.
"Nos sentimos discriminados de forma injusta, sobre todo porque cambiaron los requisitos sobre la marcha y no nos avisaron", denuncia Ginés. Con un 7,5 en el examen y una clasificación dentro de las plazas ofertadas, confiaba en obtener su puesto. De hecho, pudo realizar el examen en castellano sin inconvenientes y fue convocada para las pruebas médicas en diciembre de 2023, lo que aumentó sus expectativas.
El pasado 18 de febrero, el Boletín Oficial de las Islas Baleares publicó la lista definitiva de excluidos, confirmando que Ginés y otros 157 aspirantes quedaban fuera del proceso. Ahora, junto a otros afectados, ha recurrido a un despacho de abogados para emprender acciones legales.
El actual gobierno balear, liderado por Marga Prohens (PP), intentó revertir la situación con un decreto que exime a los sanitarios del requisito lingüístico. Sin embargo, la medida no tiene efecto retroactivo, por lo que la oposición afectada sigue vigente. "Estos profesionales estudiaron, cumplieron con todos los requisitos iniciales y, al final, se han quedado fuera. Es tremendamente lesivo", señala Javier Ureña, director de sanidad pública balear.
"Sentimos que, a pesar de todo lo que ha pasado nuestro colectivo, por temas políticos se nos siguen poniendo barreras", lamenta Ginés, quien sigue luchando por su derecho a ejercer su vocación en Baleares.