El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha instado a la creación de un nuevo sistema de financiación autonómica que contemple los costes de los servicios públicos en las zonas despobladas de la región.
En su intervención durante el evento ‘Empuéblate. Soluciones contra la despoblación’, organizado por EuroCaja Rural y Next Education, Martínez Guijarro destacó la necesidad de incorporar indicadores específicos que valoren el impacto económico de mantener estos servicios en territorios afectados por la despoblación.
El vicepresidente detalló que se pueden establecer dos mecanismos para ajustar la financiación: uno sería la "población ajustada", que tendría en cuenta las características demográficas de las zonas más afectadas, y el otro consistiría en la creación de un fondo específico destinado a financiar los servicios públicos en estos territorios. Además, el Ejecutivo autonómico aboga por una tercera vía, que combinaría ambos enfoques, para abordar de manera más efectiva los desafíos que enfrentan las áreas rurales despobladas.
Uno de los ejemplos más representativos que Martínez Guijarro presentó fue el caso de la provincia de Guadalajara, donde el coste de una tarjeta sanitaria en las zonas despobladas es cinco veces mayor que en la capital, lo que ilustra la disparidad económica entre las áreas urbanas y rurales. Esta propuesta será llevada por el Gobierno regional al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará el 26 de febrero, con la participación de representantes de todas las comunidades autónomas.
AVANCES EN LA LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN EN CLM. Durante su intervención, el vicepresidente también recordó que en mayo de 2025 se cumplen cuatro años desde la aprobación de la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias contra la despoblación, una normativa clave para el desarrollo del medio rural en la región. Este año se llevará a cabo la primera evaluación intermedia de la Estrategia frente a la Despoblación, herramienta principal para aplicar dicha ley y medir sus resultados.
Según los datos disponibles, Castilla-La Mancha ha experimentado un saldo migratorio positivo en casi todas las áreas zonificadas por la ley, con 15.000 personas que han decidido residir en las zonas despobladas desde la implementación de la normativa. Este dato es considerado un paso importante en el objetivo de revertir la despoblación y "doblar la curva" del éxodo rural.
Además, la región ha facilitado el acceso a los servicios públicos y ha puesto en marcha medidas fiscales diferenciadas para los residentes de municipios despoblados. En la última campaña de la renta, más de 89.000 declaraciones se beneficiaron de desgravaciones fiscales, un número que ha ido aumentando en los últimos años.
La Ley de medidas contra la despoblación también ha promovido el emprendimiento en el medio rural, con el 25% de las ayudas para el inicio de actividades empresariales destinándose a zonas despobladas. Esto refleja el compromiso del Gobierno regional por apoyar la revitalización de estos territorios.
Por último, Martínez Guijarro subrayó la importancia de que el Gobierno central cree un Estatuto del pequeño municipio que adapte la legislación a las necesidades específicas de las entidades locales más pequeñas y que se incluya la realidad de los pueblos en el nuevo Plan de Vivienda.