El juicio contra Ana González Martínez, exedil de Vox en Parla (Madrid), junto a otros tres imputados, L.M.M., I.G.L. y M.C.F.S., por un delito de tráfico de drogas, ha sido celebrado por la Sección primera de la Audiencia Provincial de Toledo. Tras la aceptación de culpa por parte de los acusados, se ha llegado a un acuerdo de conformidad que ha permitido una reducción en las condenas solicitadas por la Fiscalía.
De esta forma, la Fiscalía ha solicitado una pena de 3 años de prisión para el acusado L.M.M. por un delito de tráfico de drogas en concepto de autor, frente a los 5 años y 6 meses que pedía inicialmente, y una pena de 1 año y 6 meses para Ana González, frente a los 5 años y 6 meses iniciales, reduciendo el concepto a cómplice.
La fiscalía ha pedido una multa de 35.000 euros para L.M.M. y de 17.000 euros para A.G.M., además de las penas de prisión.
Se ha pedido una condena de 1 año y 6 meses para I.G.L., en contraste con los 4 años que se solicitaban anteriormente, mientras que para M.C.F.S. se ha solicitado una pena de 1 año de prisión, en lugar de los 4 años propuestos inicialmente.
INVESTIGACIÓN. En mayo de 2023, una investigación llevó a la detención de los cuatro acusados, quienes enfrentan una acusación por un delito contra la salud pública relacionado con el tráfico de drogas.
Accediendo al escrito de la fiscalía, que fue obtenido por Europa Press y recoge La Voz del Tajo, se detalla cómo la Policía Nacional, mediante una investigación, logró identificar los desplazamientos y las reuniones breves a las que el acusado L.M.M. asistía desde su hogar en Yeles (Toledo) entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
El vehículo que solía utilizar le permitía acceder a áreas de difícil supervisión, donde diversas personas, dependiendo de la situación, se subían al mismo por unos minutos antes de abandonar el lugar con una actitud cautelosa.
Durante las numerosas reuniones e intercambios, el acusado L.M.M. visitaba con frecuencia las localidades de Rivas-Vaciamadrid, centrándose en las cercanías de un área de servicio cercana al centro comercial H20. Además, Parla era otro de los lugares que frecuentaba, especialmente el hogar del otro acusado, I.G.L., con quien se encontraba en múltiples ocasiones. También mantenía encuentros regulares en la vivienda ubicada en Yeles (Toledo), donde reside la acusada M.C.F.S., aunque estos encuentros eran siempre breves.
Según el relato del escrito de acusación, L.M.M. contaba con la colaboración de su esposa, A.G.M., quien también estaba acusada. Juntos convivían y ella participaba en reuniones, además de encargarse de la vigilancia mientras su esposo realizaba desplazamientos para llevar a cabo los intercambios de sustancias estupefacientes.
Durante la entrada y registro en la vivienda de los acusados L.M.M. y A.G.M., se encontraron varias evidencias delictivas, incluyendo cocaína que, de haber sido vendida en el mercado ilegal, habría generado ingresos por un total de 78.840,57 euros. Además, se descubrieron 1.200 euros en efectivo, sustancias utilizadas para el corte, múltiples básculas de precisión, herramientas para adulterar y preparar drogas para su comercialización, así como una máquina contadora de billetes.
Se encontraron dos acometidas en este domicilio que estaban siendo utilizadas de manera fraudulenta por la pareja, generando un importe de peajes que ascendió a 454,52 euros.
Durante la entrada y registro en el hogar de la acusada M.C.F.S., se halló cocaína, cuya venta habría generado 7.099,48 euros. De igual manera, en el domicilio del acusado I.G.L., ubicado en Parla (Madrid), se descubrió cocaína que podría haber producido 53,55 euros, además de encontrarse 1.550 euros en efectivo en ese mismo lugar.
A raíz de estos eventos, el 11 de mayo de 2023 se llevó a cabo la detención del acusado L.M.M., quien permanece en prisión en la actualidad. Por su parte, A.G.M. también fue arrestada ese mismo día, pero actualmente se encuentra en libertad tras haber constituido fianza.
El mismo día se produjo la detención de los acusados M.C.F.S. e I.G.L., quienes, sin embargo, obtuvieron la libertad bajo ciertas condiciones. Estas incluyen la obligación de presentarse ante el juez los días 1 y 15 de cada mes, la retención de su pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio español.
La posibilidad de solicitar la suspensión de penas se abre tras el acuerdo de conformidad, según han confirmado fuentes judiciales consultadas por Europa Press. Esto es factible porque tres de los acusados tienen solicitudes de prisión que son inferiores a dos años.
Desde el 11 de mayo de 2023, L.M.M., el principal acusado, se encuentra en prisión provisional. Si el Ministerio Fiscal logra confirmar la pena de 3 años solicitada, él seguiría enfrentando un tiempo adicional de privación de libertad.
La defensa ha argumentado que, en febrero de 2024, L.M.M. se unió a un grupo de terapia con el objetivo de dejar atrás el consumo de sustancias estupefacientes, sosteniendo que esta decisión influyó en sus actividades durante los meses anteriores a su arresto.