El pasado miércoles, 5 de febrero de 2025, miembros de la Junta Directiva de AUGC Toledo se reunieron con la Vicealcaldesa de Toledo, Inés María Cañizares Pacheco, a petición del Partido VOX.
La reunión, de carácter urgente, tuvo como objetivo abordar la “dramática situación” que afecta a alrededor de 160 familias de guardias civiles que residen en la Comandancia de Toledo, tras recibir la orden de desalojo urgente debido a la demolición del Acuartelamiento. La Dirección General de la Guardia Civil emitió el 22 de enero de 2025 una orden de desalojo basándose en un informe técnico, cuyo contenido nunca se ha mostrado, sobre posibles anomalías graves en la estructura del edificio.
De las 160 familias afectadas, 90 deberán abandonar sus viviendas antes del 15 de febrero de 2025, y el resto lo hará en una segunda fase más adelante. La urgencia de la situación ha dejado a las familias en una grave incertidumbre, ya que las opciones de alojamiento disponibles incluyen viviendas en alquiler de alto coste y pabellones en condiciones precarias, con el riesgo de ser desplazados nuevamente.
Durante la reunión, la Vicealcaldesa mostró su solidaridad con los afectados y se comprometió a preparar un paquete de medidas para ayudarles a encontrar soluciones habitacionales, colaborando con la oficina de atención a los afectados en la Comandancia de Toledo. Además, se acordó que representantes de AUGC se reunirán el próximo lunes, 10 de febrero, con el Teniente General Jefe del Mando de Apoyo en la Dirección General de la Guardia Civil para seguir avanzando en la resolución de este problema.
En paralelo, AUGC Toledo también aprovechó la oportunidad para plantear dos importantes reivindicaciones. La primera, el reconocimiento de la Guardia Civil y la Policía Nacional como profesiones de riesgo, una medida que permitiría a los agentes acceder a una jubilación anticipada y digna a los 59 años. Actualmente, la proposición de ley que está en trámite en el Congreso lleva más de 15 periodos de enmiendas, pero se espera que sea aprobada en 2025. Los representantes de VOX expresaron su apoyo a esta solicitud y aseguraron que trabajarán para que se apruebe en el trámite parlamentario.
La segunda petición fue la no aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles en su vida cotidiana, salvo en los casos excepcionales de estado de excepción, misiones internacionales y actividades militares. AUGC aboga por volver a la situación vigente en 2016, donde solo se aplicaba el Código Penal Militar en estos tres supuestos.
En este sentido, recientemente se registró una Proposición de Ley en el Congreso para excluir a los guardias civiles de la aplicación de ciertos artículos del Código Penal Militar, considerando que muchas de las conductas ya están suficientemente sancionadas en el régimen disciplinario propio de la institución.
Desde VOX, han mostrado su apoyo a ambas reivindicaciones y se han comprometido a hacer todo lo posible para lograr que sean aprobadas y se resuelvan las injusticias que enfrentan los miembros de la Guardia Civil y sus familias.