El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado los dictámenes de las cuentas generales de la Junta correspondientes a los ejercicios de 2016 a 2020. Esta sesión, que tuvo lugar en el Convento de San Gil, también incluyó la aprobación de una resolución del grupo socialista relacionada con la discapacidad y una proposición no de ley (PNL) del Partido Popular sobre la autopista R-5. Sin embargo, la ronda de votaciones impidió que avanzara una propuesta legislativa presentada por Vox sobre ayudas a las víctimas del terrorismo.
Durante esta importante reunión, presidida por Pablo Bellido, se sometieron a votación cinco dictámenes elaborados por la Comisión de Economía y Presupuestos. El resultado fue favorable para el grupo mayoritario socialista, mientras que las bancadas opositoras, compuestas por PP y Vox, se manifestaron en contra. En este contexto, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, tuvo un papel destacado al intervenir en el debate.
Además de los dictámenes mencionados, el Pleno también respaldó por unanimidad una PNL presentada por el Grupo Popular. Esta iniciativa propone que la autopista R-5 sea gratuita durante el tiempo que duren las obras de soterramiento de la autovía A-5. Según los proponentes, esta medida busca “mitigar los efectos que estos trabajos tendrán en la movilidad de miles de castellanomanchegos”, sugiriendo que el costo sea asumido por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
En contraste, la proposición de ley impulsada por Vox no logró avanzar. Este punto del orden del día consistió en debatir sobre el apoyo y asistencia a las víctimas del terrorismo en Castilla-La Mancha. La votación resultó desfavorable para esta iniciativa, obteniendo solo 15 votos a favor —incluyendo algunos del PP— frente a los 17 en contra del PSOE. Así queda frenada su tramitación dentro del Parlamento Autonómico.
Otro tema relevante abordado durante esta sesión fue un debate general sobre la atención a personas con discapacidad. Este punto acumulaba tanto una interpelación del Grupo Popular como un debate general del PSOE. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García-Torijano, participó activamente en este intercambio. Como resultado, se aprobó una resolución solicitando al Ejecutivo Regional que continúe fortaleciendo los recursos y servicios destinados a este colectivo.
Finalmente, en el bloque destinado al control al Gobierno, se formularon preguntas orales sobre diversas temáticas cruciales. Estas incluían medidas para fomentar el autoempleo en la región y garantizar acceso a vivienda digna para todas las familias. Las respuestas fueron proporcionadas por la consejera de Economía, Patricia Franco, y el consejero de Fomento, Nacho Hernando.