La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha manifestado su profunda preocupación ante la falta de apoyo del ejecutivo hacia la Guardia Civil, evidenciado en el reciente anuncio del desalojo de la Comandancia de Toledo. Según AEGC, esta medida "no responde a un deterioro repentino de los edificios, sino a la dejadez de los responsables que no invirtieron en su mantenimiento oportunamente".
Desde 2021 ya se detectaron graves problemas en los pilares de la estructura debido a la corrosión y degradación del hormigón, incompatibles con las condiciones de seguridad. A pesar de ello, no se tomaron medidas inmediatas, permitiendo que durante los últimos cuatro años, los estudiantes de la residencia, los guardias civiles y sus familias vivieran en una situación de riesgo.
En 2022, un informe de la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad (SIPSS), organismo dependiente del Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, identificó 21 actuaciones sin resolver y 10 completamente pendientes en materia de Infraestructura e Instalaciones. No fue hasta mediados de 2023 cuando el Ministerio del Interior, a través de la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad (SGPGIMS), convocó una reunión de coordinación para la construcción de nuevas instalaciones. Sin embargo, de las cuatro parcelas ofertadas por el Ayuntamiento de Toledo, solo la del polígono fue considerada viable, siempre que se anexionara la parcela contigua para alcanzar la superficie necesaria de 50.062 m2.
AEGC critica que, a pesar de conocer la situación desde hace años, las autoridades ahora actúen con urgencia, sin ofrecer soluciones claras a los guardias civiles y sus familias. La asociación teme que ocurra lo mismo que en Cartagena, Murcia, donde inicialmente se aseguró que el traslado sería temporal por tres años y ahora se prolongará por al menos una década.
La AEGC ha denunciado reiteradamente la falta de inversión en el mantenimiento de los edificios oficiales. Aseguran que, si se actuara cuando se detectan los problemas estructurales, se podría evitar la demolición y reconstrucción de las instalaciones, lo que representa un coste mucho mayor. La asociación teme que la estrategia final sea la demolición sin reconstrucción, como un mecanismo encubierto para reducir la presencia de la Guardia Civil en el territorio.
Desde la AEGC instan a las autoridades a ofrecer soluciones concretas y garantizar instalaciones adecuadas para los guardias civiles y sus familias, en lugar de perpetuar la incertidumbre y el abandono de la institución.