Este martes, el Consejo de Ministros someterá a aprobación el anteproyecto de ley que establece la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, sin que los trabajadores vean mermados sus salarios.
Esta iniciativa llega casi un año después de las primeras reuniones del diálogo social sobre el tema y tras superar las discrepancias entre los Ministerios de Trabajo y Economía sobre su implementación.
La medida es el resultado de un acuerdo firmado en diciembre entre el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, y los sindicatos CCOO y UGT, quienes lograron avanzar en la rebaja de jornada a pesar de la oposición de las patronales CEOE y Cepyme, que consideraban que la regulación sobre la jornada laboral debía fijarse mediante negociación colectiva.
Esta medida se alinea con uno de los principales objetivos de la ministra Díaz para esta legislatura y formaba parte del acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar. Se estima que la medida beneficiará a unos 12 millones de trabajadores en España.
Una vez que el Consejo de Ministros apruebe el anteproyecto este martes, el texto será sometido a los informes pertinentes del Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social (CES), antes de regresar al Consejo de Ministros como proyecto de ley, proceso que se espera que ocurra a finales de febrero. Posteriormente, el proyecto será llevado al Congreso, donde los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas antes de su aprobación final.
El objetivo del Ministerio de Trabajo es que la norma sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del verano, permitiendo a las empresas disponer de tiempo para adaptarse. Según lo establecido, los convenios colectivos que actualmente superen las 37,5 horas semanales de jornada en promedio anual tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse a la nueva jornada máxima.
Además, el anteproyecto establece que los contratos a tiempo parcial que superen las 37,5 horas semanales de promedio se convertirán automáticamente en contratos a tiempo completo. En el caso de trabajadores a tiempo parcial con menos de 37,5 horas, podrán seguir con su jornada habitual, pero con el derecho a ver reflejado un incremento proporcional en su salario, conforme a la nueva jornada máxima de 37,5 horas semanales.
El anteproyecto también garantiza que los trabajadores con jornada reducida por cuidado de menores, familiares o que sean víctimas de violencia de género o terrorismo puedan continuar con sus jornadas previas, manteniendo los derechos relacionados con su reducción de jornada hasta el 31 de diciembre de 2026. Además, el Gobierno se compromete a revisar, en un plazo de 18 meses, las jornadas especiales de trabajo, en colaboración con los agentes sociales, para adaptarlas a la nueva normativa.
Una de las novedades más destacadas del anteproyecto es el endurecimiento de las sanciones para las empresas que incumplan la nueva normativa sobre jornada laboral. En lugar de una sanción global por cada infracción, las empresas recibirán una multa de hasta 10.000 euros por cada trabajador afectado por el incumplimiento. Las sanciones, que antes oscilaban entre 751 y 7.500 euros, ahora podrán llegar hasta los 10.000 euros por infracción grave.
El anteproyecto también introduce mejoras en el registro de jornada laboral para evitar manipulaciones y garantizar el cumplimiento de la nueva jornada máxima. Las empresas deberán implementar un sistema digital para registrar las horas trabajadas, permitiendo que tanto los trabajadores como los representantes sindicales y la Inspección de Trabajo tengan acceso al registro. Además, se establece el derecho "irrenunciable" de los trabajadores a la desconexión digital fuera de su jornada laboral, asegurando que no haya consecuencias por no atender comunicaciones fuera de su horario de trabajo.