Hernández Moltó declarará el 1 de febrero como imputado en el 'caso CCM'

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha llamado a declarar como imputados el próximo 1 de febrero al ex presidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM), Juan Pedro Hernández Moltó, y al ex director general de la entidad financiera, Ildefonso Ortega, por las presuntas irregularidades que llevaron a que el Banco de España interviniera la caja el 29 de marzo de 2009. La declaración de ambos había sido pedida por los fiscales anticorrupción Luis Rodríguez Sol y Luis Pastor, después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 asumiera la competencia para investigar una denuncia del PP, que acusa a Moltó de administración desleal, estafa y falsedad contable, entre otros delitos. El ex presidente ya ha mostrado su disposición a declarar “cuanto antes” ante el juez, al tiempo que manifestó su sorpresa por la imputación, de la que no ha recibido notificación oficial.

La denuncia de los seis miembros del PP en la Asamblea General de CCM, que elaboró el ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, recoge que Moltó ‘ha sido el causante de un enorme perjuicio patrimonial de la entidad, prescindiendo de los procedimientos legales establecidos y ocultando información a los socios partícipes en la entidad, además de falsificando documentación contable y facilitando que determinadas personas obtuvieran dinero’. Ese documento recuerda que la consecuencia de esta gestión fue el desembolso de ayudas multimillonarias para CCM que la Comisión Europea cifró en 7.100 millones de euros.

El juez Pablo Ruz consideró que la intervención de la caja tuvo graves efectos en la seguridad del tráfico mercantil y en la economía nacional. Esta investigación que efectuó el Banco de España se llevó a cabo tras fracasar la fusión de CCM con Unicaja, obligando al Consejo de Ministros a aprobar urgentemente la concesión de un aval del Tesoro por importe de hasta 9.000 millones de euros para solucionar sus problemas de liquidez. CCM recibió un total de 3.775 millones de euros procedentes del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), además de las ayudas a Cajastur por su fusión con la entidad castellano-manchega.

La Audiencia Nacional tomó el caso después de que el Juzgado de Instrucción Número 3 de Cuenca se inhibiera a su favor. Hernández Moltó y Ortega fueron sancionados por el Ministerio de Economía y Hacienda, atendiendo a las propuestas de sanción de los inspectores del Banco de España, con la inhabilitación por cinco años y multas de 155.000 y 150.000 euros, respectivamente. Anticorrupción ha manifestado que su actuación en la caja podría tener relevancia penal.