El juicio previsto para este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo al que fuera director de la sucursal de la extinta Caja Castilla-La Mancha en la localidad toledana de Las Herencias, un varón identificado como F.A.M., acusado de apropiarse de forma indebida del dinero de hasta 37 clientes, ha sido suspendido tras la renuncia del letrado de la defensa.
La vista oral del juicio, en el que el procesado se enfrentaba a una pena de seis años de prisión y a indemnizar con más de 1,7 millones a la entidad, y prevista en un principio para las 10:00 horas de este martes, queda así pendiente de nueva fecha, según han trasladado fuentes judiciales a Europa Press.
Según indica el señalamiento de la Fiscalía, que recoge Europa Press, el acusado, entre enero del año 2000 a febrero del 2013, guiado del ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito y, aprovechándose de la confianza que habían depositado en él los vecinos de la localidad de Las Herencias, dada su condición de director de la sucursal, se apoderó del dinero que los clientes mantenían en el banco, apropiándose de sus fondos sin contar con la autorización de sus dueños.
Para ello, recogió la firma en documentos en blanco, que servían después como soporte documental interno para la disposición de efectivo de las cuentas, así como disponiendo directamente de los fondos sin entregar ningún tipo de documento justificativo o disponiendo de los ingresos en efectivo que hacían los clientes, quedándose con ellos.
Cuando los clientes le solicitaban confirmación de saldos, actualizaciones de libretas o justificantes de operaciones, el acusado les entregaba libretas cumplimentadas a máquina de escribir, así como impresos manipulados con sello y firma de la entidad bancaria. Las operaciones descritas eran realizadas por el acusado desde su puesto de director, tanto de forma directa, utilizando las claves de otros compañeros en momentos que se ausentaban de su puesto de trabajo, como de manera indirecta, mediante órdenes a empleados subordinados.
Considera el Ministerio Fiscal que los hechos relatados son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida, otro de falsedad en documentos mercantiles, de un delito continuado de estafa en concurso con otro de falsedad en documentos mercantiles.
De ahí que reclame para el procesado, la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y 12 meses de multa con una cuota diaria de doce euros, con responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago y el pago dé las costas procesales conforme al artículo 123 del Código Penal.
En cuanto a la responsabilidad civil, habrá de indemnizar a Liberbank, como responsable civil directo, en el importe de 1.072.497,42 euros, más la cantidad de 697.197,55 euros, así como en la de 6.192,42 euros, con aplicación del artículo 576 de la LEC, con responsabilidad personal subsidiaria de Liberbank de las cantidades no abonadas a día de hoy a los perjudicados.