Vox no cierra la puerta a romper los pactos suscritos con el PP en más de un centenar de ayuntamientos, como en Valladolid, Toledo o Alicante, si percibe que sus socios no se oponen con rotundidad a la inmigración ilegal, como ya hiciera en julio con los ejecutivos de cinco comunidades autónomas.
Las políticas para frenar el fenómeno de la inmigración ilegal son una parte fundamental del cuerpo ideológico de Vox, que no ha rebajado su postura desde la ruptura de los gobiernos de coalición autonómicos tras el visto bueno del PP al plan de reparto de menores migrantes no acompañados.
Tras el divorcio en las regiones, el apoyo de los de Santiago Abascal a los presupuestos autonómicos también quedó descartado. El propio líder de Vox aclaró al comienzo del curso político que su formación no apoyará las cuentas regionales si el PP no cambia su discurso en materia de migración, que consideran alineado con el PSOE.
Vox está dispuesto a replicar esta postura en los ayuntamientos en los que cogobierna con el PP y no respaldar las cuentas públicas municipales y, llegado el caso, abandonar los ejecutivos. Fuentes de la Ejecutiva del partido avisan a los 'populares' sobre dar continuidad a las políticas migratorias actuales, que creen que estimulan la llegada ilegal de inmigrantes.
COHERENCIA CON LO FIRMADO. Las fuentes precisan que Vox no respaldará los presupuestos municipales si incluyen partidas destinadas a inmigrantes ilegales y, en último término, "están dispuestos" a abandonar los consistorios. Alegan que es una postura coherente con sus posicionamientos sobre el asunto y subrayan que no aceptarán vulneraciones a los acuerdos suscritos, que integran medidas contra la inmigración ilegal. "No tenemos ningún miedo a irnos", recalcan.
Abascal ya amenazó en julio con la ruptura de los pactos en ayuntamientos si "colaboraban activamente" en el reparto de menores migrantes no acompañados. En aquel momento, explicó que los consistorios quedaron excluidos de la quiebra de los pactos porque el reparto de los menores "no afecta directamente" a los ayuntamientos.
Quiso matizar que la advertencia excluye a los que "no les quede otro remedio porque se los coloca (a los menores) la comunidad autónoma", pero precisó que Vox no tomaría esa decisión "a la ligera", sino de manera "seria y quirúrgica".