El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha de este jueves ha servido para aprobar la modificación de la Ley de Aguas de la Comunidad Autónoma propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, que servirá para poder articular el cobro del canon medioambiental que se implementará en 2025 en la factura del agua; un impuesto defendido por el Gobierno regional y por el PSOE, y que podría recaudar 15 millones anuales, y criticado por la oposición de PP y Vox, que lo han tildado de "impuestazo".
En un debate en el que se ha aprobado la modificación legislativa por el trámite de lectura única, cerrando así la puerta a la posibilidad de que los grupos parlamentarios presentaran enmiendas, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha apuntado desde la tribuna de oradores que esta modificación de la ley lo único que pretende es "poder flexibilizar aún más y sobre todo de poder dar una mayor estabilidad" a este canon.
"Lo queremos aplicar de una forma rigurosa y estricta"; ha defendido, abundando en que lo recaudado irá a parar a "inversión hidráulica" en las redes de la región.
Un canon que se destinará a los ayuntamientos, "los garantes del abastecimiento y la depuración de todos los ciudadanos"; y que se toma en un escenario en el que hay "procedimientos sancionares abiertos por parte de la Unión Europea" por incumplimientos en cuanto a depuración.
Uno de los impuestos "más económicos" en comparación con otras autonomías y que vendrá a "mejorar las redes de abastecimiento donde hay grandes pérdidas".
"Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas que más barata tiene el agua", ha defendido la consejera, que apunta que aún con el canon se pagarán 1,91 euros el metro cúbico.
El impuesto recaudará unos 15 millones de euros, "mientras en Galicia se cobran 48" con el mismo impuesto, o los 140 de Andalucía, según sus cálculos.
El dinero que entre con este canón, ha abundado, tiene la intención de mejorar el tratamiento del agua, toda vez que "faltan 629 nuevas depuradoras y 600 millones de inversión". "Y los ayuntamientos no tienen esa capacidad para hacerlo, pero tampoco el Gobierno de Castilla-La Mancha".
Con las nuevas normas tras esta flexibilización, la cuantía que pagará cada familia "no llegará a un café al mes", tal y como ha sostenido la titular regional de Desarrollo Sostenible.
El PSOE, por boca de Francisco José Barato, ha descrito desde la tribuna de oradores que esta propuesta de modificación de ley mantiene cuatro tramos de consumo, con lo que se garantiza la "justicia social y la progresividad" de la tarifa, siempre buscando el ahorro de agua.
La aplicación de este canon del agua, "obligatorio por normativa europea", es en todo caso "lo menos gravoso posible" para los ciudadanos de la región, uno "de los más económicos" en comparación con otras comunidades autónomas.
Tras levantarse la suspensión de la aplicación del canon, "lo que se ha buscado es favorecer en su aplicación a la mayoría de los ciudadanos de la región", ya que los primeros 10.000 litros por vivienda y mes "estarán exentos de pago", un volumen "por encima del consumo medio y que también se aplica a usos y contadores colectivos".
Ha incidido además en que lo recaudado será íntegramente dedicado a conseguir una red de agua "eficiente y sostenible"; con el compromiso de que el 25% de la recaudación sea cedida a los ayuntamientos para que ellos decidan dónde invertir.
"Más allá de la hipocresía, campaña de ruido y crispación en torno al canon del agua, este canon no es un capricho, sino una obligación con la que tiene que cumplir Castilla-La Mancha", ha señalado.
Durante la réplica, el parlamentario socialista ha criticado la hipocresía 'popular' al criticar este canon, cuando en ayuntamientos donde gobiernan, como Toledo o Talavera de la Reina, han subido la tasa municipal hasta en el 30%.
Por parte de Vox, Francisco José Cobo ha aprovechado la temática transversal de este punto en el orden del día para cargar contra la "mala situación" de muchas infraestructuras hídricas "de competencia regional", desde la avería en la red de Puertollano hasta el desabastecimiento en zonas de Guadalajara por la rotura de una depuradora en el cauce del río Tajuña. "Todo esto es por el impacto de la Agenda 2030, tan dañiña para agricultores y ganaderos", ha señalado al respecto.
A sus críticas por lo "obsoleto" de la red ha sumado la Ley de Restauración de la Naturaleza, que hace que "no se pueda suministrar agua ni en calidad ni en cantidad".
Entrando en materia, ha criticado que sea el titular de las viviendas que tienen que pagar el impuesto quien se ha de hacer cargo de un posible impago de sus inquilinos; al tiempo que ha considerado que los tramos del tributo están "mal calculados".
Apunta otro posible "error grave" en cuanto a la terminología de la ley relacionada con los promedios; y ha lamentado que finalmente, quien va a pagar este canon serán "las familias y las pymes".
Por último, se ha defendido de las acusaciones de "ruido" vertidas por el PSOE, y lo ha hecho desmintiendo que todos los municipios vayan a recibir parte del canon, ya que no recaudarán nada. Como conclusión, ha criticado este "impuestazo", ha sugerido hacer "más embalses" y ha lamentado que "litros y litros de agua acaben en el mar".
Desde el Grupo Parlamentario Popular, Carolina Agudo se ha subido al estrado para poner el acento en que esta "injusta ley de aguas" se paralizó justo antes de las elecciones, razón por la cual se justifica el argumentario de que se trataba de un "impuestazo".
Se ha preguntado "a quién beneficia esta ley", criticando que se debe únicamente a la intención de "freír a impuestos" a los castellanomanchegos.
Del mismo modo, ha dicho que regiones como Madrid o Murcia "no tienen este impuesto", y las que sí lo tienen, es porque fue instaurado por "gobiernos socialistas".
"Lástima que el empeño de Page en meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos no sea el mismo para decir a Sánchez que no quiere perder millones de euros con el cupo catalán", ha aseverado.
En su crítica, ha puesto de manifiesto que la modificación ha sido por el trámite de lectura única sin abrir la puerta a la posibilidad de introducir enmiendas. "Lo hacen para evitar el debate parlamentario porque lo único que quieren es subir los impuestos a los castellanomanchegos", ha reiterado, calculando gravámenes que en el caso de un establecimiento hostelero "puede llegar a 1.600 euros al año".