La consejera Portavoz, Esther Padilla, resaltó ayer en una entrevista a CMMedia “el buen funcionamiento” del banco de libros de Castilla-La Mancha, que desde que se puso en marcha hace una semana “ha alcanzado más de 35.000 solicitudes”.
Una nueva medida educativa que beneficiará a la economía de las familias, ya que, según señaló, “no todo el mundo se puede permitir comprar lotes de libros a varios hijos todos los años”. A este respecto, la consejera resaltó que este banco se irá asentando con el tiempo y que “supone, además de una reducción de gastos a las familias, un componente incluso ecológico, porque reutilizamos los libros”.
Durante la entrevista, y en respuesta a otros asuntos de actualidad, Esther Padilla se pronunció sobre la positiva valoración, por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo, del informe técnico que Castilla-La Mancha ha presentado sobre las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.
En este sentido incidió en que desde la región “presentamos razones exclusivamente técnicas, mientras que el resto de comunidades autónomas, además de hacerlo fuera de plazo, presentaron unas alegaciones que tenían más que ver con criterios políticos y criterios económicos”.
En este sentido, la consejera recordó que el Levante tiene como alternativa las desaladoras que construyó el Gobierno de España “y que pagamos entre el conjunto de los españoles”, por lo que, a su juicio, “tienen que funcionar a pleno rendimiento”.
Asimismo, Padilla añadió que “el río Tajo ya no da más de sí”, a la vez que reivindicó que Castilla-La Mancha, como cuenca cedente, “tiene derecho a beber agua de calidad y también a tener el agua suficiente para poder desarrollarse, para la implantación de nuevas empresas e, incluso, a que la biodiversidad de nuestro río se mantenga”.
En otro orden de asuntos, y sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la consejera Portavoz explicó que “cuando hay voluntad y se quiere llegar a acuerdos, se puede hacer”. De hecho, expresó que en Castilla-La Mancha espera que ese entendimiento se produzca con la oposición “para que haya acuerdos de región”.
A este respecto, citó ejemplos como apoyar al Gobierno regional en “una financiación autonómica justa y que garantice los servicios públicos o la defensa del agua de Castilla-La Mancha, para remar en favor de la Comunidad Autónoma”.
En la víspera del Día Internacional del Orgullo LGTBI, la portavoz del Ejecutivo regional quiso criticar ciertos gestos o decisiones de los gobiernos de la derecha y ultraderecha, “quienes tratan de vendernos avances, cuando en realidad están llevando a cabo retrocesos y cuestionando los derechos de determinados ciudadanos que no piensan como ellos o que tienen una orientación sexual diferente a la suya”.
En este sentido, respecto a las palabras de la alcaldesa de Valencia, la portavoz subrayó que son “totalmente condenables”, ya que comparan “el ser LGTBI con una enfermedad”. Asimismo, en relación con el polémico cartel del Orgullo LGTBI del Ayuntamiento de Madrid, criticó que no sea “nada reivindicativo” y que, además, “estigmatice al colectivo”. A continuación, quiso contraponer las políticas del Ejecutivo de García-Page, que, según sus palabras, “se ha convertido en un faro en lo que tiene que ver con las políticas de Igualdad y LGTBI”.
Asimismo, la portavoz del Gobierno de García-Page hizo referencia a la nueva ley para reducir la brecha salarial, “gracias a la que también vamos a ser pioneros y en la que deseamos que nos siga el resto de España”. Admitió que se trata de una norma “compleja”, ya que pretende reducir esta desigualdad, “porque no tiene sentido que, por desarrollar el mismo trabajo, se tengan diferentes salarios simplemente por una cuestión de género”.
Una realidad, que “nos es insoportable”, tal y como subrayó y que, por tanto, la puesta en marcha del proceso de elaboración tendrá lugar “próximamente”, admitiendo aportaciones de diversos sectores, tal y como reveló. “Las empresas privadas van a tener también que implicarse y poner ese granito de arena para que entre todos construyamos sociedad. No solo las entidades públicas, no solo las entidades sociales”, destacó.
En relación con la financiación para Cataluña, Padilla incidió en que “lo que no se puede hacer es tratar de uno en uno y mucho menos a alguien por delante”, tras defender que la visión del Gobierno regional “es la más progresista que puede haber. Quien más tiene, más debe pagar en materia de impuestos y, evidentemente, tiene que ocurrir lo mismo con los territorios”.
Asimismo, Padilla reclamó que este proceso se lleve a cabo mediante una negociación de manera conjunta, “ya que no se puede beneficiar a una comunidad autónoma por encima de otras si no está recogido en la Constitución, tal y como sucede con Navarra o el País Vasco”.
En este sentido, la consejera subrayó las “singularidades” de cada territorio, a la vez que hizo hincapié en que, por ejemplo, la provincia de Cuenca cuenta con la misma población que Móstoles, municipio de Madrid, pero dispersos en 17.000 kilómetros cuadrados más. “Eso supone que necesitamos muchísimos más centros de salud y colegios y, por ende, más inversión, aunque sea el mismo número de habitantes”, finalizó.