Las comunidades autónomas de la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Madrid —todas gobernadas por el Partido Popular—, han unido fuerzas para defender el trasvase Tajo-Segura ante posibles recortes que podrían llegar a través de las reglas de explotación de la infraestructura, actualmente en proceso de negociación con el Ministerio de Transición Ecológica.
En un documento remitido al Ministerio, estas comunidades exigen que se evalúe el uso del Tajo por parte de Castilla-La Mancha como un factor determinante para el futuro de la infraestructura. En dicho documento, elaborado por expertos hídricos de la Comunidad Valenciana y Murcia, se argumenta que el Tajo no solo abastece al Segura, sino que también tiene implicaciones en el Guadiana y las Tablas de Daimiel, entre otros.
Además, destacan la necesidad de considerar los usos recreativos en el río y embalses, así como la afectación del trasvase hacia el Guadiana, que ha experimentado cambios significativos desde la última revisión de las reglas de explotación.
Las comunidades proponen hasta once criterios para fijar los datos a emplear en los cálculos, incluyendo aspectos como la hidrología de la cabecera del Tajo, el impacto del cambio climático y las evaporaciones de los embalses en Entrepeñas y Buendía. También solicitan la automatización de la reducción de los volúmenes trasvasados para reducir la discrecionalidad en la toma de decisiones.
Se destaca la “preocupación por los caudales ecológicos fijados en el Plan del Tajo”, actualmente recurridos ante el Supremo, ya que estas comunidades consideran que plantean incertidumbres y deficiencias importantes. Además, se argumenta que el Plan del Tajo no puede imponerse por encima de los planes elaborados para otras cuencas, como el Segura o el Guadiana.
Durante un evento en Murcia con motivo del 45 aniversario del trasvase, los presidentes de la Comunidad Valenciana y Murcia subrayaron la importancia del trasvase, “afecta a más de 23 millones de españoles, mientras que en Castilla-La Mancha se busca su cierre”. Sin embargo, desde CLM acusan a las comunidades del PP de intentar “expoliar” el agua regional.
En este contexto, la Diputación de Guadalajara aprobó alegaciones al Ministerio para reducir el máximo trasvasable, limitar los volúmenes trasvasables en diferentes niveles de reservas embalsadas y restringir el trasvase a abastecimiento prioritario en 2027, priorizando las necesidades y caudales ecológicos de la cuenca del Tajo.