El Gobierno de Emiliano García-Page blindará la universidad pública en la región gracias a la Ley de Universidades prevista para el curso 2025-2026, una norma que será consensuada y dialogada, y en cuya elaboración participará tanto el alumnado y profesorado, como los rectores de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Universidad de Alcalá de Henares (UAH) y Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Así lo ha anunciado su consejera Portavoz, Esther Padilla, quien ha comenzado su alocución incidiendo en que el Ejecutivo autonómico “defiende un modelo de universidad pública y de calidad, necesaria para el progreso del conocimiento, así como garante de la igualdad de oportunidades”.
Tal y como ha adelantado, la nueva legislación determinará cuál es la relación de las instituciones universitarias con la Administración y cómo será la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). “Además, queremos defender su labor formadora e investigadora, ya que las universidades son agentes fundamentales para el desarrollo regional por el valor añadido que aportan a la sociedad”, ha continuado la portavoz, motivo por el que ha insistido en que esta nueva norma también establecerá cuáles son los criterios mínimos exigibles para la universidad privada.
En este sentido, Padilla ha apuntado que “el sistema educativo y sanitario nunca debe regirse por criterios de rentabilidad, si bien hemos visto como en otras regiones gobernadas por la derecha se ha extendido el modelo privado en detrimento del público”. A este respecto, la portavoz ha criticado que el Gobierno de Andalucía haya multiplicado la oferta de universidades privadas, “pese a las numerosas objeciones que han recibido las iniciativas por su escasa calidad y opacidad”. Asimismo, ha recordado que la universidad pública andaluza ha denunciado desigualdad de trato por parte de la Junta de Andalucía, además de ciertos vetos a sus rectores.
A continuación, ha reprobado a la Comunidad de Madrid que continúe tramitando expedientes de creación de cuatro nuevas universidades privadas -con las que se elevarían a 17 los centros de este tipo en la región- mientras que el número de universidades públicas se mantiene en seis desde hace 28 años.
Además, ha puesto el ejemplo de la Comunidad Valenciana, en la que la derecha ha recortado las ayudas a las universidades públicas en favor de las privadas. “Les aseguro que nada de esto va a pasar en Castilla- La Mancha, una región en la que protegemos lo nuestro, defendiendo a ultranza la universidad pública y trabajando para que la educación superior sea un derecho y no un privilegio”, ha sentenciado Padilla.
A lo largo de su alocución, Padilla ha asegurado que la ley regional obligará a que las privadas cumplan estándares de calidad, así como que dediquen un porcentaje de gasto a investigación. “Se trata de un aspecto en el que nos encontramos en sintonía con el Gobierno de España, quien también se encuentra trabajando en el aumento de los requisitos para las universidades de nueva creación”, ha añadido.
La portavoz ha querido aclarar que el Gobierno regional no se opone a la enseñanza privada “las universidades públicas y privadas pueden convivir, pero siempre que cumplan las mismas normas”. En este sentido, ha precisado que, por ejemplo, “si un centro carece de investigación, no se trata de una universidad, sino de otra clase de entidad, por ser la labor científica un elemento vertebrador de la identidad universitaria con enorme impacto en sus demás actividades”. Además, ha incidido en que “se trata de la mejor inversión y la más rentable a largo plazo que puede llevar a cabo una institución, puesto que contribuye a dar respuesta a las problemáticas culturales y humanas, con el horizonte puesto siempre en la evolución y bienestar de la sociedad”.
A este respecto, la portavoz ha resaltado la voluntad del Gobierno de García-Page por posicionar la universidad regional como agente investigador de vanguardia para contribuir al desarrollo de la Comunidad Autónoma “y que el talento de las aulas castellanomanchegas se quede en esta tierra, así como atraer el de otros lugares”.
En otro orden de cosas, la portavoz ha querido demostrar el compromiso del Gobierno regional con la universidad pública con datos de la última década. Por un lado, la Universidad de Castilla-La Mancha ha pasado de contar con una inversión de 105 millones de euros en 2015, a 215 millones en el curso 2023-2024, casi el doble. “Esta inversión también ha repercutido en la oferta educativa: hay 27 másteres y 14 grados más desde 2015”, ha señalado.
En cuanto a la universidad de Alcalá de Henares con campus en Guadalajara, también se ha destinado más del doble a su financiación, pasando de casi seis millones en 2015, frente a los 13,6 millones actuales.
Por otro lado, tal y como ha destacado, la reorientación de la política de precios públicos se inició en el curso 2016-2017, reduciendo un 45 por ciento el precio del máster e igualándolo al precio del grado que, además, quedó congelado.
Al hilo de las políticas nacionales, la portavoz ha manifestado que el Ejecutivo regional apoya la decisión del Gobierno de España de ampliar de siete a once el número de enfermedades detectables en las pruebas de cribado neonatal, conocida como ‘prueba del talón’. “Aplaudimos esta buena noticia y lo celebramos tanto que nos hemos adelantado, ya que en Castilla-La Mancha son un total de 27 las enfermedades que se detectan, a día de hoy, mediante este estudio analítico de sangre, un dato que refleja el avance de las políticas castellanomanchegas, de nuestro presidente García-Page”, ha incidido Padilla, quien ha recordado que la región quiere aumentar de manera paulatina este número de patologías hasta un total de 40 para el año 2027.
Para la consejera, otro ejemplo de que “las políticas sociales y progresistas de Castilla-La Mancha son bandera en el conjunto del país es la ley del juego”, una norma que pone el foco en la prevención, establece la suspensión de nuevas concesiones de licencias de apertura de establecimientos en la región durante los próximos cuatro años y que, además, delimita la distancia a los colegios. Respecto a esta última cuestión, Padilla ha señalado que, por ejemplo, mientras el Gobierno nacional ha establecido el límite máximo de separación de los salones de juego de los centros escolares en 100 metros, el regional lo ha situado en 300 metros.