El Gobierno de Castilla-La Mancha ha cerrado su estructura jurídica en materia de integridad de sus altos cargos en la gestión pública con una nueva ley que, según prevé el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, será aprobada por las Cortes regionales en este periodo de sesiones.
Se trata del proyecto de ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha, aprobado este martes por el Consejo de Gobierno, y que será remitida en breve a las Cortes de Castilla-La Mancha para su tramitación parlamentaria y aprobación "con el máximo consenso posible".
"Castilla-La Mancha ha sido, desde su origen, una comunidad autónoma pionera en materia de transparencia en la gestión pública", ha defendido el vicepresidente primero, quien ha recordado que esta nueva ley cierra el entramado jurídico para garantizar la honestidad en la gestión pública, la transparencia de la gestión, y el buen gobierno y la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones en aquellos asuntos que son de su interés.
En la primera legislatura se aprobó la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, en la segunda legislatura la Ley de Participación Ciudadana y, en esta tercera, se aprobará la Ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha.
Una ley por la que se otorgan funciones de control y vigilancia a la Oficina de Integridad y que establecerá nuevas obligaciones a los altos cargos como la de presentar en el momento de la toma de posesión una Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad que pueda afectar a su dedicación exclusiva a la gestión pública.
Esta declaración se unirá a la de Actividades, Bienes y Rentas, que se viene ya realizando, teniendo la Oficina de Integridad la función de comprobar la veracidad de la mismas.
También los altos cargos regionales estarán obligados a inhibirse en las tomas de decisiones que puedan favorecer a empresas o entidades privadas en las que pueda haber un conflicto de intereses, por estar involucrados en las mismas familiares o personas que puedan condicionar la toma de decisión, estando obligados a comunicar la abstención a la Oficina de Integridad para que conste en el Registro de Actividades que crea ley y que gestiona la Oficina.
Igualmente, los altos cargos estarán obligados, tras el cese, a declarar ante la Oficina de Integridad el desempeño de actividades privadas que quieran desarrollar para que pueda comprobarse que no realizarán, en un plazo de dos años, actividades para empresas en las que hayan tenido una intervención en expedientes de subvención o contrataciones, con el fin de evitar las llamadas puertas giratorias.
Finalmente, tras cada convocatoria de elecciones, todos los miembros del Gobierno regional deberán hacer una declaración específica sobre su situación patrimonial en ese momento ante la Oficina de Integridad, que evaluará la información y emitirá un informe que refleje las diferencias observadas entre la situación patrimonial en el momento del nombramiento y el momento de la convocatoria, así como la congruencia entre ambas situaciones, informe que será publicado en el Portal de Transparencia. Esta declaración también podrán realizarla de forma voluntaria el conjunto de altos cargos de la Administración regional.