La Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de la Comunidad de Madrid, durante la primera ola de la pandemia de Covid-19, ha sido contundente y desmiente a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, al considerar que la respuesta a la pandemia por parte del Gobierno regional "fue inadecuada" y se "vulneraron derechos fundamentales" de los residentes y sus familia.
La Comisión de la Verdad está compuesta por un equipo conformado por familiares, juristas y expertos sanitarios, como el psiquiatra Fernando Lamata, exconsejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, con los Gobiernos de José Bono (de 2000 hasta 2004) y José María Barreda (de 2008 hasta 2011). "Más de 4.000 personas podrían haber salvado su vida", ha dicho Lamata.
“PUDO HABERSE EVITADO”. Según consta en el informe sobre lo ocurrido en las residencias en los meses de marzo y abril de 2020, en este periodo se produjo "una sobremortalidad" en estos centros "que pudo y debió haberse evitado". –Puedes consultar aquí el informe–
AYUSO: SE IBAN A MORIR IGUAL. Cabe recordar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegurado el pasado 19 de febrero que los mayores enfermos de Covid-19 al inicio de la pandemia se morían igual bien fuesen trasladados a hospitales o se quedasen aislados en las residencias de mayores. “Había muertos en todas partes; en las casas, en los hospitales, en las residencias”, ha justificado justificó Ayuso. El riguroso informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de la Comunidad de Madrid demuestra lo contrario.
"La Comunidad de Madrid restringió drásticamente las derivaciones de pacientes desde las residencias a los hospitales, utilizando criterios discriminatorios por lugar de residencia, discapacidad física o deterioro cognitivo, así como por carecer de seguro privado", subraya el informe, que remarca que la Administración regional "no utilizó los medios alternativos existentes" para ofrecer atención sanitaria a los pacientes de las residencias "ni derivó a pacientes a hospitales privados".
El doctor Fernando Lamata ha explicado que las personas que fueron derivadas a los hospitales durante los meses marzo y abril tuvieron un porcentaje de supervivencia del 65 %, lo que, aplicado a las 7.291 personas que murieron en residencias sin ser derivadas, habría supuesto que "más de 4.000 personas podrían haber salvado su vida", ha informado Europa Press.
El informe también detalla que el Ejecutivo madrileño no medicalizó las residencias en marzo y abril de 2020 y tampoco utilizó los medios alternativos existentes para ofrecer atención sanitaria a los pacientes de las residencias ni derivó a pacientes a hospitales privados.
Para esta Comisión, "el sufrimiento y la muerte evitable de miles de personas mayores que vivían en las residencias" fue consecuencia de "unas decisiones planificadas y conscientes de discriminación en la atención", por lo que sentencia que "se han vulnerado gravemente erechos fundamentales de las personas residentes y sus familiares".
“El hospital de IFEMA no fue el hospital milagroso que sorprendió al mundo, sino un hospital propaganda que arrebató a muchos ancianos su opción por la vida o, al menos, por una muerte digna”.
También se ha vulnerado, sostiene el informe, "el derecho a la verdad", pues considera que "no se ha investigado debidamente lo que ocurrió" y "no se han establecido ni responsabilidades ni reparaciones justas".
El encargado de presentar el informe ha sido el presidente de la Comisión, el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, que ha estado ha comparecido acompañado del resto de miembros de la Comisión, como el profesor de Derecho Constitucional y del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia Fernando Flores, a la sazón redactor del informe; la doctora en epidemiología María Victoria Zunzunegui; el médico Fernando Lamata; la escritora Anna Freixas; la socióloga y politóloga Cristina Monge, y el abogado y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid Eduardo Ranz.