El Gobierno de España ha aprobado el anteproyecto de ley orgánica que reorganiza la Administración de Justicia. El Ministro Félix Bolaños, en una conferencia de prensa, destacó que esta iniciativa es crucial dentro de las reformas en la Justicia prometidas por el Gobierno al inicio de su mandato, con el objetivo de abordar las necesidades de la ciudadanía en cuanto a la Administración de Justicia.
Para Bolaños, esta ley demuestra el compromiso del Gobierno con la mejora del servicio público de Justicia para satisfacer las demandas de la ciudadanía. La futura Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia constituye el tercer componente de la transformación de la Administración de Justicia liderada por el ministerio, siguiendo las medidas de eficiencia digital y procesal incluidas en el RDL 5/2023 y el RDL 6/2023.
Esta ley propone una reforma completa para ajustar la estructura de la Justicia a las necesidades de la sociedad digital actual. Se establecerán Tribunales de Instancia, una Oficina Judicial única para cada tribunal y Oficinas de Justicia en los Municipios en lugar de juzgados de paz.
La implementación de los Tribunales de Instancia permitirá una mejor optimización de recursos, reduciendo la cantidad de juzgados y garantizando una mayor uniformidad en los procesos. Las Oficinas Judiciales brindarán apoyo procesal a los Tribunales de Instancia, dirigidas por un letrado de la Administración de Justicia.
Las nuevas Oficinas de Justicia en los Municipios expandirán los servicios ofrecidos por los juzgados de paz, permitiendo realizar trámites de forma telemática y acercando la Justicia a comunidades rurales.
El anteproyecto también regula los mecanismos alternativos de solución de controversias para aliviar la carga de los tribunales, promoviendo la negociación entre las partes mediante mediación, conciliación y otros métodos.
Además, se fortalecerá la protección de los consumidores y usuarios, estableciendo un procedimiento único para demandas colectivas y facilitando la participación de los afectados a través de plataformas electrónicas. En resumen, la ley busca modernizar la Justicia española, adaptándola a las necesidades actuales y fortaleciendo la protección de los ciudadanos.