La Audiencia Nacional juzgará desde este lunes al ex consejero 'popular' de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada y a otros cinco encausados, incluido el comisario Andrés Gómez Gordo (que fue director de Seguridad del recinto entre 2007 y 2009, y antiguo asesor de María Dolores de Cospedal cuando era cuando era presidenta regional, entre 2011 y 2015 y procesado en el 'caso Kitchen'). Se les acusa de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos cometidas en el marco del Campus de la Justicia (CJM), con delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos.
Las reacciones no se han hecho esperar y el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha pedido al presidente de los 'populares' castellano-manchegos, Paco Núñez que "condene está etapa oscura" del Partido Popular. "Creo que esta vez a @paconunez_ y al @PP_CLM se le acaban las excusas para no condenar esa etapa oscura y depurar responsabilidades políticas", ha punlicado e la red social X (antigua Twitter).
Fue en julio de 2021 cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, acordó sentar en el banquillo de los acusados tanto a Prada como a Isabelino Baños Fernández, Mariano José Sanz Piñar, Alicio de las Heras Rodríguez y Andrés Gómez Gordo, en sus respectivas condiciones de director general técnico, subdirector general técnico, director financiero y director de Seguridad del Campus de la Justicia, así como al administrador Félix José García de Castro.
Según explicaba el juez José de la Mata, el ex consejero y los directivos investigados "corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación de contratos del CJM, quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos, y menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos".
"En este caso no estamos ante autoridades o funcionarios que hayan sustraído para su lucro personal el dinero de la administración en perjuicio del patrimonio público: la conducta aquí perpetrada afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial", dijo De la Mata.
CÁRCEL. La Fiscalía Anticorrupción acusó a los seis procesados de delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, reclamando 8 años de cárcel para Prada y 6 años para los demás, aunque de forma alternativa propuso juzgarlos por delitos continuados de prevaricación y fraude, por los que interesó 4 años y 6 meses de prisión para el ex consejero y tres años para el resto.