La Policía Nacional ha desarticulado un grupo delictivo que se dedicaba al empadronamiento masivo y fraudulento de ciudadanos extranjeros en situación irregular en Talavera de la Reina (Toledo). Los ocho detenidos formaban una red que captaba inmigrantes en situación de necesidad y además de cobrarles por los empadronamientos, también los ofrecían altas en la Seguridad Social mediante contratos ficticios a cambio de una contraprestación económica.
Esta operación se inició a mediados de 2023 cuando el Ayuntamiento de esta localidad toledana comunicó a la Policía Nacional sus sospechas sobre la veracidad de algunos empadronamientos que habían tramitado. En un principio fue la Brigada Local de Extranjería y Fronteras la que comenzó con el análisis de la documentación, si bien posteriormente y debido a la complejidad de la causa, se incorporaron los investigadores de la Brigada Local de Policía Judicial.
Los agentes pudieron averiguar que uno de los principales responsables del grupo delictivo se dedicaba a empadronar de forma masiva inmigrantes en tres domicilios, llegando a registrarse en el último año 166 personas en una vivienda, 108 personas en un local comercial y otras 15 personas en un tercer domicilio utilizado para este fin.
Estos empadronamientos, que se realizaban con burdas falsificaciones o bien presentando denuncias manuscritas de sustracción de documentación, contaban con la colaboración de dos personas funcionario, que, según la Policía, actuaban bien por acción o bien por omisión. Desde el Ayuntamiento, la concejala de Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz, ha informado a La Voz del Tajo, que esas personas investigadas "no dependen del padrón municipal", como se ha informado en un primer momento.
Otro de los principales investigados utilizaba su empresa para dar de alta a los inmigrantes en la Seguridad Social, realizando contratos de trabajo ficticios para que así pudieran solicitar las correspondientes tarjetas de residencia y trabajo, así como beneficios y ayudas sociales.
Otros de los integrantes del grupo se dedicaban a captar inmigrantes en situación irregular interesados en estos trámites, e incluso algunos ofrecían sus inmuebles vacíos para que figurasen en ellos los empadronamientos.
Todos los componentes de este grupo actuaban con ánimo de lucro y eran totalmente conocedores de la actividad ilícita que estaban llevando a cabo, cobrando entre 50 y 5.000 euros por llevar a cabo las tareas asignadas dentro de la organización.
En el registro de uno de los domicilios y una oficina, se encontró gran cantidad de documentación y se intervinieron teléfonos móviles y un ordenador.
En esta operación han participado investigadores de las Brigadas Locales de Extranjería y Fronteras y de Policía Judicial de la Comisaría de Talavera de la Reina, así como de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) con sede en Madrid.