Seguimos de cerca las movilizaciones de agricultores y ganaderos en puntos relevantes de Europa. Alemania fue la primera parada, donde los agricultores protestaron por la retirada del subsidio al gasóleo agrícola y después se sucedieron en Francia y Bélgica. Los agricultores españoles ya han anunciado movilizaciones para la próxima semana y en Castilla-La Mancha ya hemos visto tractoradas en diferentes provincias, como antesala de lo que vendrá en los próximos días. Sin embargo, en lo que respecta a nuestro país la situación es bien distinta, puesto que el Gobierno de España ya ha anunciado que mantendrá la devolución del impuesto sobre hidrocarburos para el gasóleo de uso agrícola. Sin embargo, el sentir de nuestros agricultores es permeable a los ecos de las protestas europeas.
Es cierto que en el sector agrario existe un malestar estructural que viene de largo y que no ha dejado de crecer. Sólo conociendo de cerca la vida en el campo se puede hacer una aproximación a los obstáculos que tienen que salvar para sacar adelante sus explotaciones. Las sequías, los hielos, las Danas, las plagas... se unen a los desafíos que plantea el mercado, exacerbado por las lacerantes crisis sufridas en los últimos años.
Las primeras están relacionadas con el cambio climático, al que hay que poner freno y reversión con medidas eficaces. Las segundas, tienen que ver, entre otras, con el escenario global provocado por la guerra en Ucrania y las amenazas a la seguridad alimentaria, que han funcionado como misiles en la línea de flotación de la agricultura y condicionado la toma de decisiones en Europa y en el mundo.
Bien sabía Putin que interviniendo en los precios de la energía produciría un efecto dominó en la economía mundial, empezando por aquellos que garantizan los suministros básicos, como son los agricultores. De esta forma, a la subida de la energía y los combustibles, le sucedieron la de los fertilizantes, las semillas y resto de insumos, provocando la enésima vuelta de tuerca a un sector sensible a los movimientos del mercado.
Ante estos desafíos la respuesta de la Unión Europea ha estado orientada a responder a las perturbaciones del mercado y ofrecer protección a los agricultores, a través de medidas compensatorias para paliar los efectos de la crisis de precios. También se han priorizado medidas para frenar la dependencia energética europea hacia los combustibles fósiles rusos, agilizando medidas del Pacto Verde Europeo orientadas al desarrollo de energías limpias y promoviendo nuestra autonomía estratégica. Asimismo, dieron sus frutos las medidas de regulación para reducir la factura energética.
Sin embargo, el malestar no ha dejado de crecer, especialmente en torno a una visión impositiva respecto a la aplicación del Pacto Verde Europeo. Es evidente que los agricultores y ganaderos lo perciben como una amenaza a su supervivencia, a pesar de reconocer que el cambio climático les afecta directamente a sus explotaciones. Resulta paradójico esto último, pues siendo el cambio climático quien puede poner fin al campo, las medidas para evitarlo, son vistas como una especie de depredador del sector.
En este contexto, a la visión excesivamente burocratizada de la PAC, se ha unido la idea de que el también llamado European Green Deal supone una imposición para ellos. De poco ha servido que la nueva PAC contemple medidas de estímulo al cumplimiento del Pacto Verde si en el camino se ha renunciado a cultivar el diálogo y la concertación social con quienes lo han de hacer posible. Tampoco ha ayudado la falta de reflejos de la Comisión Europea cuando el sector ha pedido una cierta flexibilización de las medidas que se vienen a aplicar en un momento de “tormenta perfecta”.
Junto a esto, se hace imprescindible garantizar a nuestros productores que se aplicarán las mismas exigencias a quienes importan productos desde terceros países de fuera de la Unión Europea, las llamadas “cláusulas espejo”, que deberán aplicarse con la misma condicionalidad que a nuestra gente pues, aunque Europa se ha erigido como punta de lanza para frenar el cambio climático, esto no servirá de mucho si no resulta en un verdadero compromiso global. No obstante, no es buena idea demonizar los acuerdos comerciales firmados entre Europa y terceros países después de la impresionante cifra record de exportaciones que ha tenido España en este último año, en el que se superaron los 70.000 millones de euros, arrojando un resultado positivo en la balanza comercial.
A todo esto, apenas se conocen movimientos del Comisario de Agricultura, el polaco Janusz Wojciechowski, quien militó en el Partido Campesino Polaco y actualmente es miembro de Ley y Justicia, perteneciente a la misma familia política europea del partido Vox. Su incompresible inmovilismo y desgana en los momentos de mayor dificultad chocan con la encarnizada batalla ideológica de sus compañeros que aprovechan el río revuelto para sembrar la desafección hacia una Unión Europea que lo ha sido todo para el campo.
Ojo al peligro que esto puede suponer, no solo hacia la fortaleza del proyecto europeo, que en sus orígenes defendió la creación de una Política Agraria Común que diera respuesta a la crisis alimentaria de la época y que 62 años después se hace más necesaria que nunca.
Y en este punto resulta incomprensible la actitud del Partido Popular europeo, y especialmente el español, que habiendo apoyado con su voto las medidas de la PAC, quieren echar más leña al fuego de las protestas obviando que tanto su grupo, el mayoritario en el Parlamento Europeo, como la Comisión, dirigida por su compañera alemana Úrsula Von der Leyen, han sido artífices de las medidas que ahora deploran.
No me parece justo ni decente utilizar a los agricultores, en sus protestas legítimas, como arma arrojadiza, otra más, en la estrategia de oposición contra el Gobierno de España, tratando de hacer una causa específica local de lo que es una crisis europea, propiciada por la inflexibilidad de quien ahora, en tiempo de descuento, se apresura a impulsar diálogos estratégicos para calmar el malestar.
En cualquier caso, el campo necesita una respuesta, y esta respuesta tiene que pasar por el apoyo inequívoco a un sector en eternas dificultades. No es mal punto de partida que el actual Gobierno de España esté gestionando el mayor volumen de apoyo que jamás ha tenido el sector agrario, con 54.000 millones para el periodo 2021-2027.
Hagamos, por tanto, entre todos, un verdadero esfuerzo de diálogo, concertación, mesura y responsabilidad para que los agricultores y ganaderos puedan seguir garantizando los mejores alimentos en nuestras mesas y las despensas del resto del mundo y para que Europa siga siendo garante de progreso, soberanía alimentaria y respeto medioambiental.
Cristina Maestre Martín de Almagro
Eurodiputada
Miembro del Grupo de la Alianza de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo