El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una nueva normativa con la que se paraliza durante cuatro años la creación de nuestros establecimientos de juego, una medida con la que se intentará seguir reduciendo el número total de locales, situado en 189.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha detallado en rueda de prensa, tras el Consejo de Gobierno, que esta medida llega después de constatar que la vigente Ley del Juego de la región ha permitido ver descender en un 14,5% el número total de locales de juego. En este punto cabe recordar que no es la primera vez que el Gobierno castellano-manchego toma medidas al respecto, ya que paralizó en 2019 la concesión de nuevas licencias ante la proliferación de locales en toda la comunidad autónoma.
Juan Alfonso Ruiz Molina también ha dicho que se trata de una actividad "legal", pero con efectos negativos que "desde los poderes públicos se deben mitigar".
Queda así suspendida la instalación de nuevos centros de juego en los próximos cuatro años para "reducir progresivamente el número de establecimientos de este tipo hasta lograr que la densidad de locales de juego en relación con el número de habitantes esté en consonancia con la que existe a nivel nacional".
Según los datos disponibles, los publicados a final del pasado año, en la región "había autorizados 191 establecimientos de juego, lo que suponía una densidad de 9,3 por cada 100.000 habitantes"; lejos de la media nacional que llega a una tasa de 7,87.
Aún así, "las políticas del Gobierno en materia de juego pueden afirmar que desde 2018 se ha conseguido reducir el número de establecimientos en un 14,5%, pasando de 221 a 189".
Un decreto que además limita a 100 las nuevas autorizaciones anuales de explotación de máquinas tragaperras, un ámbito en el que también se obtienen resultados tras pasar de las 8.569 máquinas de 2018 a 7.389 en 2023.
Ha aprovechado para citar algunas de las medidas ya implementadas contra la proliferación de estos locales, como la distancia mínima entre establecimientos y en relación a centros públicos; o la regulación para que los ayuntamientos puedan ser autónomos a la hora de declarar zonas tensionadas en sus términos municipales.