El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que el próximo martes su Consejo de Gobierno aprobará una nueva normativa por la cual no se podrán instalar en toda la región más de 100 máquinas tragaperras al año, lo que irá acompañado de la paralización de nuevas licencias a locales de juego durante cuatro años.
Durante un acto público en Cuenca, ha avanzado que esta medida llega después de constatar que la vigente ley del Juego de la región ha permitido ver descender en un 14,5% el número total de locales de juego.
"Es importante esta estrategia, estamos convencidos de que jugamos a batir uno de los fenómenos de dependencias y adicciones más peligrosas", ha defendido.
Por otro lado, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado su intención de reclamar una Conferencia de Presidentes para que los líderes autonómicos blinden un frente común de cara a evitar que el Gobierno estatal elabore leyes que impliquen más gasto a las arcas autonómicas, sugerencia que ha elevado después de que los rectores españoles de la CRUE hayan estimado en 844 millones de euros el aumento de gasto en el que incurrirán a cuenta de la nueva ley de universidades (LOSU). El presidente autonómico ha lamentado una nueva ley del "yo invito y tú pagas", cargando contra este tipo de "ocurrencias".
"Comparto con la CRUE la preocupación con el gasto que la decisión del Estado obligará a universidades. Las comunidades autónomas que no hemos compartido la legislación no la vamos a financiar. No lo vamos a plantear. Vamos a establecer reclamación al Estado para que asuma la deuda a la que obliga a las universidades. Es muy cómodo, fácil e irresponsable que en España se legisle para que paguen los demás", ha indicado García-Page.
Con esta premisa, ha indicado que desde enero quiere "pilotar" una iniciativa para convocar una Conferencia de Presidentes específica que consolide "un compromiso de Estado riguroso de no aprobar legislaciones que supongan más gasto a las comunidades autónomas si no van acompañadas de financiación específica".
"Un compromiso de lealtad mínima. Solicitaré en enero esa Conferencia de Presidentes y me dirigiré a todos los presidentes de comunidades autónomas", ha avanzado, lamentando que tras 10 años sin remodelar la financiación autonómica, ahora se incurra en este tipo de gastos para las regiones, con una ley de "las cuentas de la lechera".
Esto, ha dicho, "no hay quien lo asuma" y el Estado tiene que "retratarse". "Si no incorpora la financiación, tendrá que haber una paralización del gasto hasta que el Estado asuma su responsabilidad".
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Al hilo, ha reclamado que los 150 millones de euros pactados a nivel nacional para universidades catalanas "se extiendan a todas las universidades del país".
"Esto es el dinero de todos, y por mucha bronca que quieran montar los independentistas, la financiación tiene que ser común o no será. Y si hay dinero extra y privilegio financiero para universidades catalanas, lo tendrá que haber para el resto", ha abundado.