Los habitantes de Toledo capital verán incrementado el precio del recibo del agua: deberán pagar más tras una resolución judicial que da la razón a Tagus frente al Ayuntamiento.
Así, el Juzgado Contencioso Administrativo Número 2 de Toledo ha instado a la ejecución forzosa de la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Toledo a revisar las tarifas del agua en la ciudad, tal y como marcaba sendos acuerdos de la Junta de Gobierno Local de junio del año 2014 y de agosto del 2018. Es decir, el contrato del agua no es de la etapa anterior del Gobierno socialista sino del alcalde del PP José Manuel Molina.
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal obliga así al Ayuntamiento a cumplir la sentencia tras la denuncia que recibió de Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA y Aguas de Castellón SA UTE Facsa-ADC (Tagus), de 17 de enero de 2023.
Esta sentencia estimaba en parte el recurso de Tagus contra la inactividad del Ayuntamiento de Toledo consistente en la no ejecución de estos acuerdos en relación con la obligación asumida de proceder a la revisión quinquenal de tarifas en el año 2019, sobre la base de los datos cerrados en el año 2018, para aplicar en el quinquenio 2020-2024, obligando al Consistorio toledano a cumplir los mismos para con ello proceder a la revisión extraordinaria quinquenal de tarifas (independientemente de las revisiones según IPC) que debió haberse realizado durante el año 2019 con los datos de consumos reales cerrados a 2018.
La sentencia da un plazo improrrogable de diez días al Ayuntamiento para ejecutar la sentencia, haciéndole saber que, en caso de incumplimiento y previo apercibimiento, se podrán adoptar las medidas necesarias para lograr su efectividad y se podrán imponer multas de entre 150 y 500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes, sin perjuicio de responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar.
También se podrá deducir, añade el texto, el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.
El Ayuntamiento podrá interponer un recurso de reposición en el plazo de cinco días a contar desde el día siguiente a la notificación.
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha pedido a Carlos Velázquez que no eluda sus responsabilidades “y defienda los intereses de todos los toledanos y todas las toledanas”, al tiempo que ha recordado que el contrato del agua no es de la etapa anterior del gobierno socialista, sino del alcalde del PP, José Manuel Molina “y la decisión de subir el recibo del agua será exclusivamente del actual alcalde Carlos Velázquez”.
De la Cruz ha recordado que el contrato del Servicio de Abastecimiento de Agua fue rubricado por el Gobierno del PP, que recibió de la concesionaria 36 millones de euros “que han tenido que pagar los toledanos”.
En este contexto, “el Gobierno socialista, en los últimos 4 años, no subió el recibo del agua por las dificultades que han sufrido los toledanos y las toledanas en este tiempo y gracias a la capacidad de llegar a acuerdos y ofrecer soluciones para garantizar el servicio de abastecimiento de agua sin subir las tasas”.
La concejala socialista ha manifestado que “si el agua sube será porque lo apruebe el nuevo alcalde. Con el PP ya sabemos que en campaña electoral anuncian bajada de impuestos y cuando gobierna hacen lo contrario: subir impuestos y crear más tasas”. Además, ha recordado que la privatización del abastecimiento de agua que la aprobó el PP con un contrato “que fue nefasto, y pese a ello el PSOE mantuvo unos precios razonables y ahora el nuevo alcalde y el PP, que conocen muy bien ese pliego, parece que lo primero que quieren hacer es subir el precio del agua”.
“El PSOE fue capaz de gestionar el contrato sin subir el recibo del agua de los toledanos y esa era nuestro planteamiento de cara a la nueva legislatura”, ha dicho la portavoz socialista, quien ha insistido en que el Gobierno de Carlos Velázquez “debe cumplir sus compromisos y dar una respuesta a través del acuerdo que no sea gravosa para los intereses de los vecinos”.
De la Cruz ha insistido en que esta situación se deriva de un contrato “muy discutido” que fue firmado por el PP y que los sucesivos gobiernos progresistas “hemos ido resolviendo sin perjudicar los intereses municipales”; por el contrario, el Grupo Socialista teme que Velázquez “va a actuar como suelen hacer los gobiernos del PP, que es decir que van a bajar los impuestos y subirlos cuando gobiernan”.
De la Cruz ha aclarado que el auto del juzgado habla de una “revisión de precios al alta o a la baja” y ha recordado que una de las primeras decisiones de Carlos Velázquez en estos tres meses de legislatura fue subir el precio de los autobuses urbanos al no aplicar la rebaja del 50% de las ayudas del Gobierno de España.
Además, ha pedido a Velázquez que no trate de desviar la atención, que deje de echar balones fuera y de culpar a otros de su propia gestión, “asuma sus responsabilidades y cumpla con sus compromisos, como aplicar la gratuidad de los autobuses urbanos en determinadas horas, una medida estrella de PPVOX de la que nada sabemos”.